Moncloa, reticente desde el inicio a dejar que la empresa cayera en manos húngaras, ha acabado dando carpetazo a la operación limitándose a señalar que autorizar el cambio de control «conllevaría riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público».
Las reacciones entre los afectados no se hicieron esperar. La propia
Magyar Vagon anunciaba que tomaríá «todas las acciones legales a su alcance» para defender la OPA sobre Talgo. La firma quiere «defender la legitimidad de su oferta voluntaria»
El alto ejecutivo detrás de Magyar Vagon, András Tombor, ya avanzó en una rueda de prensa celebrada a principios de julio que, en el caso de que el Gobierno acabase por denegar la operación, lo que finalmente ha sucedido, habría varias oportunidades legales para recurrir.
Esta potencial demanda contra el Estado se suma a la advertencia que la asociación de accionistas minoritarios Aemec ya ha emitido, que cree que este veto priva a los accionistas de poder vender sus acciones libremente, por lo que también recurrirá la decisión del Gobierno.
Y mientras PPF Group, propietario del 85% de Skoda Transportation, entra en una nueva fase para su posible entrada en el capital de Talgo tal y como hizo en Turquía para comprar Temsa, su asociación con otro grupo local que sea el motor de la operación.
En este sentido, la reputación y el músculo financiero de los checos, junto con el visto bueno del Gobierno, facilitaría la incorporación de Criteria Caixa como socio local de referencia para reordenar la propiedad de Talgo.
A todo esto la propia Talgo ha tenido que salir al paso de algunos comentarios y en una nota señala que «respecto a las información publicadas del informe negativo de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), Talgo esperará a que Magyar le comunique sus próximos pasos y tomara sus propias decisiones. Talgo continúa con su actividad industrial y de negocio y sus compromisos con trabajadores, clientes y proveedores como ha hecho a lo largo de sus más de 80 años de historia»,
