El Pleno ha admitido a trámite su recurso con cinco votos en contra -los de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías- el recurso de la exfiscal general contra el auto de 22 de enero de 2024 y la sentencia de 21 de noviembre de 2023 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, al apreciar una «especial trascendencia constitucional» en los hechos que plantea, que además -pone de relieve la resolución- «plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal». La mayoría progresista defiende que el asunto «trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y general repercusión social y económica.
El Tribunal Supremo -cuya decisión de anular por dos veces la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Menores también va a revisar el TC- determinó que existió «desviación de poder» en la propuesta del nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar en la medida en que el objetivo del fiscal general fue garantizar a su antecesora su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal. De esta forma, subrayaba, se apartó «de la finalidad propia de la potestad de resolver convocatorias para plazas del Ministerio Fiscal, cuyas vacantes deben proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito», ordenando retrotraer las actuaciones al momento anterior al que García Ortiz elevó al Consejo de Ministros su propuesta.
Los magistrados daban así la razón al fiscal Rueda, quien también optaba al puesto de fiscal togado y que fue respaldado por la mayoría del Consejo Fiscal al recibir el aval de los seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, mientras que Delgado fue la preferida para los dos consejeros de la Unión Progresista de Fiscales y por la teniente fiscal del Supremo, Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, vocales natos de la institución y cargos de confianza de García Ortiz.
El Pleno ha obviado así la ponencia de la magistrada Espejel, que se inclinaba por no admitir a trámite el amparo de Delgado al no apreciar ninguna cuestión de trascendencia constitucional en la demanda ni vulneración alguna de sus derechos fundamentales en la resolución del alto tribunal. Los magistrados de la mayoría se han alineado con el informe en sentido contrario aportado al Pleno por la magistrada María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Social del Supremo, que se remitía también al amparo solicitado por el fiscal Eduardo Esteban tras la anulación por partida doble de su nombramiento como fiscal de Menores.
Ahora, habrá que ver en qué medida la decisión del TC de tramitar estos amparos deriva o no en un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Supremo, al que la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido podría limitar, enmendado su propia doctrina, la capacidad del alto tribunal de revisar los nombramientos del fiscal general del Estado.
