Según el PP, la ley fue aprobada en las Cortes sin recoger los complementos salariales por destino de un subgrupo y un grupo de jueces y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «sí lo incluyeron días después en el BOE y en el BOCG utilizando la vía de la corrección de errores». «Una ley sólo puede ser modificada por otra ley», avisó el pasado mes de febrero la portavoz ‘popular’ en el Senado, Alicia García, que aseguró que «es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento, una falta de respeto a la democracia y a la soberanía nacional».
Por su parte, el PSOE defendió el cambio en el BOE apelando a que «cuando se detecta un error, puede corregirse» para facilitar la vida de las personas y, en este caso, la de los jueces de esos grupos. También acusó al PP de pretender iniciar un nuevo choque institucional mediante un «espectáculo bochornoso».
Fuentes de la Presidencia del Senado explicaron por otro lado, que esta corrección de errores publicada en el diario oficial el pasado 12 de febrero no es suficiente hasta que no se revoque la otra ley, por lo que la Cámara Alta decidió elevar el conflicto institucional llevándolo al Tribunal Constitucional, que ahora estudiará los recursos.
