La ley establecía que Moncloa debía evaluar en enero de 2025 los resultados obtenidos tras tres años de aplicación. Sin embargo, Trabajo no encargó el análisis hasta abril de ese año, lo que retrasó su elaboración respecto al calendario previsto en el BOE.
El estudio fue coordinado por el catedrático de Economía de la UNED Luis Ayala y contó con representantes de Trabajo, Economía, Seguridad Social, CCOO y UGT. CEOE y Cepyme abandonaron la comisión tras discrepar con la intención de ampliar la evaluación a cuestiones distintas de la tasa de temporalidad.
El documento, elaborado con datos hasta diciembre de 2025, fue remitido al ministerio a finales de febrero. Solo se intentó presentarlo en abril, pero la cita se canceló por motivos de agenda. Entre los economistas firmantes hay malestar porque el informe puede quedar desactualizado. Tampoco comprenden el aplazamiento indefinido, dado que, según fuentes consultadas, el balance es positivo y únicamente contiene algunas matizaciones.
La publicación resulta relevante porque la reforma obliga al Gobierno a proponer nuevas medidas en la mesa de diálogo social si la evaluación constata que no disminuye la temporalidad general o sectorial. Las estadísticas de la EPA apuntan, no obstante, a que el objetivo se habría cumplido en el sector privado.
La norma pactada por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT convirtió el contrato indefinido en la modalidad ordinaria y eliminó el contrato por obra y servicio. Parte de las nuevas relaciones laborales adoptó la figura del fijo discontinuo. Según la última estadística disponible, correspondiente al segundo trimestre, 2,95 millones de trabajadores tenían contrato temporal, el 12,9% de los ocupados. La mejora procede principalmente del sector privado, mientras las administraciones mantienen una temporalidad elevada.
Trabajo no ha aclarado si publicará el documento antes de las elecciones del 29 de noviembre. La ley obliga además a repetir la evaluación cada dos años, por lo que correspondería otra en enero de 2027 si se mantiene el calendario original.
El PP votó contra la reforma, aunque salió adelante por el voto erróneo de uno de sus diputados. Desde entonces, ha acusado al Gobierno de maquillar las cifras de empleo al no detallar cuántos fijos discontinuos están inactivos y cobran prestación. Pese a ello, Alberto Núñez Feijóo afirmó en 2023 que solo introduciría retoques menores.
En esta precampaña, los populares han centrado su discurso laboral en reducir las bajas por incapacidad temporal. Plantean ampliar las competencias de las mutuas para dar altas y evitar que los convenios complementen las prestaciones hasta igualar el salario. También prometen revalorizar las pensiones con el IPC, pese a que no apoyaron las reformas de 2021 y 2023.
Los fijos discontinuos se disparan mientras su afiliación apenas crece en 408.000 personas
España registró 10,4 millones de contratos fijos discontinuos entre la reforma laboral de marzo de 2022 y agosto de 2026, aunque los afiliados bajo esta modalidad solo aumentaron en 408.000. El informe El mercado de trabajo en 50 titulares, de Randstad Research, señala además que 1,71 millones de personas han firmado más de un contrato indefinido en un mismo mes desde la entrada en vigor de la norma. En 2021, este fenómeno apenas afectaba a 26.000 trabajadores al año.
Durante los ocho primeros meses de 2026, el 57,4% de los contratos fijos fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. Esta evolución coincide con máximos de ocupación: el empleo alcanzó los 22,78 millones de personas en el segundo trimestre, 486.000 más que en el trimestre anterior y 510.000 más que un año antes.
La población activa aumentó hasta los 25,27 millones, mientras el paro bajó en 213.000 personas, hasta 2,50 millones. La tasa de desempleo descendió al 9,9%, cuatro décimas menos en términos interanuales, aunque España continúa como el segundo país de la Unión Europea con mayor paro.
El director de Randstad Research, Valentín Bote, destaca que el mercado sigue creando empleo, pero advierte de que el principal reto es garantizar su calidad y sostenibilidad. El avance interanual se explica sobre todo por los asalariados indefinidos, que compensaron la caída del trabajo autónomo.
La tasa de empleo se situó en el 53,4% y alcanzó su máximo entre los 35 y 44 años, con un 82,3%. El mayor crecimiento anual correspondió a los jóvenes de 16 a 24 años, con un 5,4%, seguidos por el grupo de 25 a 34, con un 3,4%. Educación, servicios a edificios e industria alimentaria lideraron la creación de puestos, mientras servicios personales, comercio minorista y transporte terrestre concentraron las mayores caídas.
Las ayudas a la compra de vivienda necesitan más oferta para contener los precios
El Gobierno anunció el 6 de octubre una línea de financiación de 10.000 millones de euros para facilitar la compra de la primera vivienda. El ICO gestionará préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para quienes pueden asumir una hipoteca, pero carecen del ahorro necesario para pagar la entrada. SOMRIE considera que la medida debe integrarse en una estrategia que también aumente la oferta asequible.
El Banco de España estimó en su Informe Anual 2024 que entre 2022 y 2024 se crearon entre 400.000 y 450.000 hogares más que viviendas terminadas. Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga concentraron más de la mitad de este déficit. El esfuerzo para comprar también se ha elevado. A finales de 2024, una vivienda media equivalía a 7,2 años de renta bruta de un hogar mediano. Además, tres de cada cuatro hogares en alquiler no tenían ahorro suficiente para afrontar los gastos iniciales o debían destinar más del 35% de sus ingresos netos a la hipoteca.
Enric Jiménez, consejero delegado de SOMRIE, valora positivamente que se facilite la financiación, pero advierte de que ampliar la capacidad de compra sin elevar la oferta puede aumentar la competencia y trasladar parte de las ayudas a los precios. Por ello, reclama impulsar la construcción, la rehabilitación y la incorporación de inmuebles al mercado.
La entidad también pide seguridad jurídica y procedimientos urbanísticos más ágiles. Los retrasos administrativos encarecen los proyectos, posponen la llegada de viviendas y pueden hacer inviables las promociones con precios más ajustados. Una planificación estable y una mayor colaboración público-privada contribuirían a acelerar el desarrollo residencial.
El paquete del Gobierno incluye 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada y otros 400 millones para proveedores de vivienda social. SOMRIE sostiene que estas actuaciones deben formar parte de una estrategia territorial a medio y largo plazo que combine ayudas a los compradores con un aumento sostenido de la oferta.
