Lo que supone un aumento de más del 52% en este periodo (casi 16.000 millones). Según los datos de la Intervención General del Estado, los gastos financieros se han disparado hasta los dos dígitos en el último año, superando el 11% hasta junio (22.465 millones). No sucedía desde los peores años de la crisis financiera generada a partir de 2008. Por Administraciones, destaca el repunte de los intereses generados por la deuda del propio Estado (ministerios), cuyo incremento llega al 13,6% en este mes y a casi el 14% en julio.
Esta subida se debe en parte al aumento exponencial de la deuda de las Administraciones en este periodo desde los 1,029 billones a finales de 2018 hasta los 1,782 billones en junio de 2026, con un incremento de 553.194 millones (un 46%). Pero, sobre todo, se debe a la aparición de un nuevo elemento: los tipos de la prima de riesgo han comenzado otra importante escalada. Sólo hay que comprobar que mientras los costes financieros suben ese 11% hasta junio, el principal de la deuda pública ha crecido un 4%, es decir, los intereses suben casi el triple que el pasivo total.
Pese a registrar los mayores ingresos fiscales de la historia, gracias a la subida del IRPF, los déficits acumulados del Gobierno de Sánchez han ido incrementado año tras año la deuda. No se ha reducido en un solo euro aumentando la ‘hipoteca’ para el futuro de la economía. Se encuentra en el 101,4%, pero este porcentaje subirá cuando el nominal deje de crecer (lo mismo le supondrá al cómputo del déficit). Hasta ahora, la economía se ha beneficiado del ‘dopaje’ de las ayudas de los fondos europeos que ya dejan de existir.
Sin embargo, el ‘subidón’ de los costes financieros se puede convertir en la peor herencia que puede dejar el actual presidente del Gobierno en funciones y, si sigue al frente del Ejecutivo, tendrá que afrontar duras políticas de ajuste en otras partidas de gasto para contrarrestar este repunte. Ya supone más del 10% del total de los créditos iniciales de los Presupuestos del Estado, prorrogados por tercera vez este año. Se trata, además, de una cifra jamás conocida, que representa más de 2,5% del PIB y que puede ser aún mayor si se produce nueva crisis internacional de los mercados provocada por la persistencia del conflicto de Oriente Medio, la pertinaz inflación y la reticencia de los inversores a financiar el volumen de la deuda pública que se expande por todo el mundo.
Los datos consolidados de todas las Administraciones Públicas a mitad de año, últimos disponibles, elevan los gastos financieros hasta los 22.465 millones frente a los 20.236 del año anterior. La cifra no es mayor de momento porque los ayuntamientos, cuya deuda no se financia en los mercados sino a través de créditos, han reducido el montante del pago de intereses un -4,3% en el último año, hasta situar la deuda total en 22.000 millones. La clave está en los espectaculares ingresos que están obteniendo por la nueva tasa de la basura (otro de los precios que hace repuntar el IPC) y por el ‘tradicional’ cobro del IBI, el único impuesto en España cuya recaudación siempre crece incluso en los peores momento de las crisis. Los municipios son las únicas Administraciones que registran superávit en sus cuentas minorando los malos resultados del conjunto público.
En todo caso, el alza de los pagos de los intereses hasta junio de todas las Administraciones se ha elevado hasta ese 11%, que alcanza el 12,1% ya en julio sin incluir todavía la información de los municipios, cuyos datos tardan más en computarse. En el detalle se aprecia que los gastos financieros de la Administración Central (ministerios y sus organismos) alcanzaron en junio el 12,7% (13,9% en julio). También destaca una subida relevante del 8,1% en las autonomías. Lo que confirma que la financiación del agujero de las CCAA (superará con creces los 360.000 millones a finales de este año) también está siendo más cara, ya que la mayoría ‘han cedido’ al Gobierno la colocación de la deuda en los mercados.
En el detalle, se observan repuntes espectaculares en Murcia (20,9%); Comunidad Valenciana y Extremadura (17% en ambas); La Rioja (16,7%); Aragón (11,3%); País Vasco (9,3%); Andalucía (9,3%); o Baleares (8,7%). Madrid sólo registra un alza del 1%, frente a, por ejemplo, el 7,3% en Cataluña (llega al 9,3% en julio), ya que realiza su propia gestión financiera y no ha querido encomendársela al Gobierno.
