El progresivo avance en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y la iniciativa legislativa dirigida a modificar en profundidad aspectos principales de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la denominada ‘Ley Bolaños’, han originado un intenso debate jurídico y social en el que el Supremo no ha querido quedarse al margen.
Por ello, la Sala de Gobierno del Alto Tribunal se ha pronunciado, a través de una exposición unánime de sus miembros, para lamentar que la modificación legal que prepara el Ejecutivo haya desatendido extremos vitales para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y soluciones reales a los problemas del día a día para, en cambio, inyectar en el sistema casi un millar de jueces y fiscales, sin oposición.
Así lo han recogido los diez magistrados integrantes de la Sala en un acuerdo que, a través de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, por lo tanto presente en la reunión, han solicitado que sea elevado al propio Consejo y a las Cortes Generales, para su conocimiento.
«El Tribunal Supremo sigue esperando desde hace años la regulación de su Gabinete Técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico», arranca el pronunciamiento.
Y, prosigue: «Estas cuestiones, numerosas veces señaladas, vuelven a ignorarse en este contexto de innovación en el que la única previsión es la creación de un servicio común de tramitación, a atender, precisamente, con puestos de trabajo peor retribuidos que los de juzgados, audiencias y tribunales superiores de justicia que mantienen las Comunidades Autónomas». «La preocupación específica por la ausencia de toda novedad sobre estos aspectos, esenciales para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo, se une a la más general y actual sobre la propuesta de nueva ordenación del acceso a la carrera judicial y respecto de la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término», recuerda la Sala de Gobierno del Supremo.
Así las cosas, todos sus miembros, han ratificado las palabras de su presidenta, Perelló, en el acto de entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial, celebrado el pasado 23 de enero de este año, en Barcelona: «el vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo».
Por ello, «siendo necesario adecuar la planta judicial a la media europea, de la que estamos lejos, la imprescindible creación sostenida de plazas para lograrlo no puede prescindir del rigor en la selección de los que vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con los artículos 14, 23 y 103 de la Constitución».
Esto es, a unas horas de que se celebre el primer gran paro profesional de Justicia, a todos los niveles, y en todo el territorio nacional como protesta a los planes del Gobierno, para el Supremo los métodos de acceso a la Magistratura española han de resolverse, «únicamente con arreglo a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia».
