El Supremo defiende en el auto al que ha tenido acceso El Independiente que la concesión de los préstamos de 3.000 millones de euros a Indra y Escribano son decisión del Ministerio de Defensa y éste ha considerado a las empresas beneficiarias como «idóneas para el desarrollo de los programas de defensa cuya financiación se acuerda en este real decreto». Esto es contrario a lo que defiende Santa Bárbara, al verse como la mejor opción para los programas autopropulsados de artillería con su vehículo Némesis.
En otras palabras, blinda la decisión que la cartera de Margarita Robles tomó frente al recurso de Santa Bárbara, en virtud del artículo 346.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el que los países miembros pueden «adoptar las medidas que estimen necesarias para la protección de los intereses esenciales de seguridad y que se refieran a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra».
Santa Bárbara también subrayaba que la pérdida de estos contratos de defensa le podrían generar un perjuicio en sus fábricas al ser una compañía especializada en la fabricación, reparación y modernización de vehículos terrestres como los obuses adjudicados a Indra y EM&E. Sin embargo, el Supremo resalta que Santa Bárbara es filial de una líder estadounidense del mercado mundial de las armas: «A tal efecto, debe destacarse que Santa Bárbara fue adquirida por General Dynamics, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas líderes mundiales en la fabricación y diseño en el sector de la defensa por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados.
Además, el Tribunal remarca que «Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes como la Actualización de Vehículos Pizarro». Esto mismo ya lo defendió la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, que puso en duda el objeto del recurso presentado por la filial de General Dynamics. Valcarce, como ha ido contando este medio, señaló que la propia Santa Bárbara también se vio beneficiada por los préstamos que la misma decidió recurrir. «El mismo real decreto con el mismo procedimiento y con las mismas condiciones del Ministerio de Industria prefinancia el programa Pizarro del que es responsable Santa Bárbara Sistemas», aseguró. Gracias a este programa, Valcarce señaló que «la carga de trabajo en las fábricas de Santa Bárbara está garantizada»
Entre otras cuestiones, la Sala defiende que el interés público de los programas militares queda por encima de los intereses privados de Santa Bárbara, pues la suspensión cautelar de 3.000 millones de euros de financiación pública produciría «una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles. La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico».
