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  DESTACADO PORTADA  VIVIENDA: duras críticas a su fiscalidad desde FEDEA
DESTACADO PORTADAEconomía

VIVIENDA: duras críticas a su fiscalidad desde FEDEA

La carga fiscal que soporta una vivienda en España desde su adquisición hasta su transmisión puede superar el 62% del precio de compra si se contabiliza el conjunto de impuestos que gravan el inmueble durante su vida útil.

RedaccionRedaccion—26 de junio de 20260
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Así lo concluye el estudio Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España, elaborado por Fedea, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y la Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas. El informe aboga por una profunda revisión del marco tributario para estimular la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda mediante la simplificación de la normativa fiscal entre administraciones e introducir incentivos específicos para el desarrollo de vivienda en alquiler asequible y la rehabilitación energética.

España es el tercer país de la OCDE con mayor presión fiscal sobre la vivienda. Menéndez, autor del informe, ha cuestionado la presión fiscal de la vivienda a lo largo de todo su ciclo de vida porque penaliza tanto la inversión como la movilidad residencial.
Las diferencias fiscales entre comunidades autónomas han formado parte del debate. El presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Salcedo, ha hecho hincapié en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), que oscila entre el 6% en Madrid y Navarra y puede alcanzar el 20% en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana. A su juicio, esta disparidad dificulta la movilidad laboral y encarece el acceso a la vivienda de segunda mano.

En la misma línea, el presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Ràfols, ha criticado la «fragmentación normativa» entre administraciones y ha señalado que el actual marco fiscal desincentiva la inversión y la incorporación de viviendas al mercado, lo que dificulta la creación de un parque residencial asequible. En este sentido, ha reclamado durante la presentación del estudio una reducción del IVA no deducible que soportan las promociones destinadas al alquiler asequible.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también han sido cuestionados. El economista Pich,ha pedido una reforma integral de ambos que unifique criterios y reduzca las diferencias territoriales. IVA del 0% para levantar alquileres asequibles. Entre las principales propuestas incluidas en el informe figura la aplicación de un IVA del 0% para la promoción de vivienda destinada al alquiler asequible, así como un tipo superreducido del 4% o el 5% para la compra de la primera vivienda o un IVA temporal del 0% para actuaciones de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética.
Los autores también proponen eliminar el efecto cascada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), suprimir el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y establecer una definición homogénea del concepto de gran tenedor basada en el número de viviendas destinadas al alquiler o desocupadas.

En el ámbito patrimonial, plantean elevar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio hasta aproximadamente un millón de euros y duplicar la exención aplicable a la vivienda habitual, desde los actuales 300.000 hasta unos 600.000 euros. Por último, respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el informe propone sustituir el actual sistema por una tarifa progresiva única con tipos comprendidos entre el 5% y el 15%, acompañada de un mínimo exento y desvinculada de los actuales grupos de parentesco.
Con todo, los autores advierten de que la política fiscal, por sí sola, no resolverá el problema de acceso a la vivienda. De ahí que identifique seis cuellos de botella como principales causantes de la situación actual: la escasez de suelo finalista, la complejidad regulatoria, la lentitud en la concesión de licencias, el aumento de los costes de construcción, la falta de mano de obra y la baja productividad del sector.

El director ejecutivo de Fedea, de la Fuente, ha atribuido gran parte de la falta de oferta a la normativa urbanística y del suelo, porque «genera inseguridad jurídica» y prolonga innecesariamente los plazos de desarrollo de nuevos proyectos.

 

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