El objetivo de la medida de los ‘populares’ sería financiar el incremento de medios que hará falta para que la Administración agilice la gestión de estos expedientes, aunque el partido ni aporta detalles adicionales ni cuantifica a cuánto ascendería el impuesto.
«La posibilidad de instaurar esta nueva tasa a priori no serían buenas noticias para el sector en la medida que afectaría a las rentabilidades de los proyectos, aunque por ahora el impacto sería limitado dado que no se especifica la cuantía, si bien todo parece indicar que sería para financiar los mayores costes administrativos (y podría tener más carácter disuasorio que recaudatorio)», destacan los estrategas de Sabadell en su comentario diario. En su opinión, la «lectura positiva» de esta noticia sería que la medida «podría contribuir a agilizar la tramitación de los proyectos en desarrollo».
También valoran los expertos otras medidas anunciadas por el PP, como su intención de eliminar medidas excepcionales de intervención del mercado mayorista (la excepción ibérica) y ampliar la vida de las nucleares. «No sorprende», comentan al respecto desde Sabadell.
Por su parte, el ministerio de Transición Ecológica no ha tardado en responder a las intenciones del PP, y ha argumentado que la ‘tasa por hito’ ya existe, siendo esta la tasa 054, conocida como ‘Tasas por servicios prestados por órganos del anterior Ministerio de Industria y Energía’. Dicha tasa, según han explicado desde el ministerio, la crearon los preconstitucionales Decretos 661/1960 Y 663/1960, firmados por Carrero Blanco, que se fusionaron en el RDL 26/77, y desde entonces no se ha actualizado.
En concreto, grava los servicios prestados por la Administración en la tramitación de las instalaciones y se abona por la gestión de la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Autorización Administrativa de Explotación (AAE) de los proyectos, hitos clave de la tramitación, y se paga al presentar la solicitud.
Es el Ministerio de Administraciones Públicas el que tiene atribuida la competencia de gestión y recaudación, y sobre su importe, el departamento de Ribera ha destacado que es proporcional al presupuesto del proyecto y se abona en cada una de las autorizaciones. Además, ha remarcado que la tasa ha sido suficiente para tramitar los proyectos de renovables hasta ahora, y para los problemas puntuales que ha habido se han contratado los servicios externos de Tragsatec.
Sobre la transparencia del legislativo, aclara que «si bien en España existen salvaguardas que garantizan la consulta sobre propuestas de ley» que elabora el Gobierno, hay preocupación por «ciertas prácticas en el Parlamento que pueden tener un impacto en la calidad de la legislación».
Igualmente, se pone el foco en algunas de las fortalezas del sistema español como, por ejemplo, los abogados. «Pasos para garantizar el derecho de acceso a un abogado están en curso en varios Estados miembros. En España, el marco de justicia gratuita ha sido fortalecido aún más».
