Es la última alternativa con la que aún podrían retener el control de la compañía tras el varapalo de la justicia y meses de tiras y afloja con los fondos al rechazar que tomasen ni una sola acción. Consideraban que habían comprado la deuda de los bancos con un elevado descuento, lo que los situaba casi como usureros, y les exigían asumir una quita de unos 1.000 millones sin contrapartidas.
La compañía también afirma que “velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores”.
Los despachos de abogados observan con atención cómo se resolverá la cuestión. Es la primera gran reestructuración en la que se aplica la nueva ley concursal y en la que los acreedores aplican una de sus principales novedades, la capacidad de obligar a los accionistas a asumir un acuerdo impuesto por los acreedores. También es la primera vez que esta norma colisiona con el decreto antiopas y está por ver si el Ejecutivo puede moderar su aplicación.
