Chiarri ha inaugurado el interrogatorio de los acusados en la primera sesión del juicio que la Audiencia Nacional está celebrando en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), una vez resueltas las cuestiones previas, que se han limitado a la aportación de un documento sobre los planes semanales de la empresa en 2011.
El juzgado central de lo Penal trata de esclarecer si hubo un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el invierno de 2013. La Fiscalía sostiene que Iberdrola Generación, «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda».
A ello se ha referido Chiarri que, a preguntas del Ministerio Público, ha negado reiteradamente que hubiera alguna «consigna o estrategia» para manipular el precio de la luz, cuya fijación depende de un sistema automático, «no una máquina sino un proceso que consiste en introducir una serie de datos», por lo que una empresa no tiene capacidad para alterar su resultado. Del mismo modo, ha rechazado que Iberdrola Generación obtuviera lucro alguno de la situación de precios vivida entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, y es que, de hecho, la compañía perdió dinero al verse obligada a comprar energía «a precios caros» para abastecer a sus clientes, ha aseverado.
Chiarri, que en el turno de las defensas ha insistido en que no tuvo «ninguna interacción» en la formación de los precios, ha hablado de la sequía que afectaba a unos embalses cuyo estado a cierre de 2013 se había deteriorado a pesar de haber venido registrando unos niveles más elevados que en años anteriores.
«Una situación de poca agua entrando y gran uso hizo que nuestros embalses fueran para abajo y entrar en el mercado gran cantidad de gas» «Una situación de poca agua entrando y gran uso hizo que nuestros embalses fueran para abajo y entrara en el mercado gran cantidad de gas», ha dicho en alusión a los ciclos combinados, una tecnología de generación eléctrica más cara. Al respecto, Chiarri, ya jubilado, ha comparado las reservas de aguas existentes por entonces a los ahorros. «En 2013 teníamos buenos ahorros en el banco, pero empezamos noviembre y diciembre y nos gastamos casi la mitad», ha ejemplificado.
Fuentes de Iberdrola consultadas aseguran que el juicio se circunscribe a una cuestión técnica y no penal, y se remontan a la época de los hechos, un periodo «extraordinariamente seco» en el que Iberdrola «fijó un precio de la energía hidráulica 7 euros megavatio hora (MWh) por encima de lo que el regulador entendía que debía ser».
Ello provocó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera a Iberdrola Generación un expediente administrativo y multara a la empresa con 25 millones de euros, aunque «en ningún caso consideró que aquella actuación era constitutiva de un ilícito penal», indican las fuentes.De acuerdo con el texto de la multa, que se encuentra recurrida, la CNMC no imputó a Iberdrola Generación «ser el causante de una hipotética artificial subida del precio desde los 50 euros/MWh que marcaba el mercado en noviembre de 2013 a los 80-90 euros/MWh que marcaba en las tres primeras semanas de diciembre».
Sí lo hizo, en cambio, «de aprovechar esa subida de precios para incrementar el precio de casación en 7 euros/MWh adicionales, lo que se produce por la retirada de la programación hidráulica».
Además de Chiarri, en la causa figuran como personas físicas acusadas otros miembros de la directiva de Iberdrola Generación en el tiempo de los hechos: el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.
Anticorrupción solicita una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España, así como dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para los entonces cuatro directivos involucrados en el caso.
En la causa se encuentra personada la organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular y solicita tres años de cárcel para los directivos y una multa de 107,5 millones de euros para la compañía, equivalente al quíntuple de dicho beneficio.
