El documento, elaborado en base a la información remitida por los propios Estados miembros, pone de manifiesto que la situación en los mercados energéticos «es muy diferente de lo que era cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022». El motivo: «La disminución de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto ha llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a ver una disminución de sus beneficios en comparación con los excedentes extraordinarios de 2022».
El informe llega apenas dos semanas después de que Sánchez y Díaz acordaran «readaptar y mantener» el tributo en su pacto de Gobierno, al igual que el impuesto similar aprobado para las entidades financieras. Una promesa que fue rápidamente contestada por el sector energético. Fue la propia Comisión la que, en octubre de 2022 y ante el impacto de la guerra en Ucrania aprobó una regulación de emergencia en la que proponía medidas «excepcionales, motivadas y de naturaleza temporal para redistribuir los altos beneficios de ciertos actores del sector energético», incluyendo «una contribución solidaria obligatoria» en los beneficios de 2022 y 2023.
Según Hacienda, el impuesto ha permitido recaudar hasta el momento 1644 millones de euros. Según la Comisión Europea, la afectación sobre las empresas petrolíferas y gasistas asciende a 1089 millones de euros.
