Lo ha hecho en el mismo escenario donde echó a andar ayer la amnistía: el pleno del Congreso de los Diputados; aunque en su sesión de control. Según ha reclamado el diputado de Junts, Cruset, el Ejecutivo de coalición tiene que “elaborar y ejecutar a corto plazo un plan de retorno”.
Al otro lado, el ministro de Industria y Turismo, Hereu, quien ha confirmado que se trabaja por cumplir con ese punto del acuerdo del pasado noviembre, pero ha reivindicado que se trata de un esfuerzo “conjunto”. Ante la urgencia mostrada por el portavoz independentistas en su réplica, el nuevo responsable de la política industrial ha recordado el clima complicado vivido en aquellos meses entre 2017 y 2018: “Muchos empresarios me contaron que fallaron muchas cosas”, que van desde la estabilidad política a la seguridad jurídica, sin olvidar los incentivos. “Su acuerdo con nosotros es una pieza más que nos llevará también a la normalidad económica de Cataluña”, ha terminado su intervención en forma de mano tendida.
Cruset, por su parte, había lamentado y criticado una situación que ha calificado como un “a por ellos jurídico y económico” y que provocó la fuga de casi 8.000 empresas, muchas de ellas, grandes firmas del Ibex como Caixabank, Naturgy, Banco Sabadell, Cellnex, Colonial, Gas Natural… “Cuando se trata de Cataluña, el Reino de España siempre perjudica a los catalanes, sean independentistas o no”, ha criticado elevando sus ataques incluso al rey y presumiendo de “capacidad de resiliencia” catalana, que ha logrado pese a todo récord en inversiones y de empleo en estos últimos años.
“Es evidente que todos compartimos el objetivo de normalizar la vida social, política y económica de Cataluña. Porque lo que es bueno para Cataluña lo es para España”, ha respondido Hereu antes de subrayar que “es evidente nuestra apuesta” por retomar la normalidad generalizada en Cataluña. Frente a ello, Junts quiere resultados inmediatos: “Vamos a ser exigentes porque no formamos parte de ningún bloque del Estado español”, ha puntualizado un diputado catalán que en su propia formulación de la pregunta ya incluía su principal exigencia de que el Gobierno dé “garantías” de que se revertirá el proceso de éxodo empresarial.
Este acuerdo concreto incluido en el pacto firmado en Bruselas por el secretario de Organización del PSOE, Cerdán, y el secretario general de Junts per Catalunya, Turull, fue el único aspecto económico compartido por ambas formaciones, ya que otras cuestiones como la asunción de todos los impuestos se incluyó en el documento solo como una reclamación de los independentistas, mientras el PSOE se comprometía a buscar alternativas de financiación.
