Ese ejercicio España dedicó el equivalente a un 7,3% de su PIB a gasto sanitario, un porcentaje similar al de Suecia, Italia o Portugal, pero que se situó prácticamente un punto por debajo de la media de la Unión Europea y de la Eurozona, en un momento en que la economía creció al 5,5%, su ritmo más vigoroso en más de dos décadas. La oficina de estadísticas comunitaria ha hecho públicos esta semana los datos que recogen el desembolso general que gobiernos de la región acometieron por áreas de gasto.
En un año marcado aún por la Covid y las medidas de los gobiernos para hacerle frente, el conjunto de ejecutivos europeos dedicaron el grueso de su gasto a protección social, que se llevó de media el 20,5% del PIB de los Veintisiete (algo menos que en 2020, en el peor momento de la crisis sanitaria, cuando llegó a alcanzar el 21,9%) y el 21,2% en el caso del conjunto de la zona euro. Le siguieron el gasto en Salud (8,1%), en Asuntos Económicos (6,3%) y servicios públicos generales -con un gasto del 6% del PIB, que incluye las transacciones de deuda pública-, así como el dedicado a Educación (4,8%).
Las dos mayores partidas explican hasta qué punto Europa se esforzó por desplegar toda una red de seguridad para proteger a los más vulnerables tras una crisis como no se recordaba en tiempos de paz por la práctica paralización de las economías. En protección social la UE gastó más de 2,98 billones de euros, con un peso relativo bien distinto entre el país que menos dedicó a este ámbito, Irlanda (8,7% de su PIB) y el que más, Francia (24,8%), que desplegó al máximo la capacidad de su sector público.
Dentro de este apartado, la mayor cuantía en los pagos se la llevó todo lo relacionado con el envejecimiento de la población, fundamentalmente porque este apartado incluye el gasto en pensiones. A este ámbito, el de la protección de los mayores, España dedicó alrededor del 10,7% de su PIB, por debajo también de la Unión (10,8%) y de la Eurozona ( con un 11,1% de su PIB), si bien se mantuvo entre los países de referencia de todo el área. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al cierre de ese ejercicio la nómina de las pensiones había escalado hasta los 10.309 millones de euros en España, haciendo frente el Sistema al pago de más de 9,91 millones de pensiones contributivas.
La tasa de paro se hace notar en el gasto relativo en desempleo
Junto a España (20,6%) y Francia, otros siete países dedicaron como mínimo el 20% de su riqueza a protección social: Finlandia (24,6% del PIB), Italia (23,4%), Austria (21,9%), Dinamarca (21,1%), Bélgica (21%), Alemania (20,9%) y Grecia (20,6%). Casi la totalidad de este desembolso se realizó en forma de prestaciones sociales. Dentro de protección social se incluyen, junto a las pensiones, el subsidio de desempleo, bajas por enfermedad, accidente, maternidad, así como otro tipo de pensiones. El hecho de que España mantuviera la tasa de paro más elevada de toda la región supuso que en 2021 tuviese que destinar a ese fin la mayor parte de su gasto, el 2,7%, un punto por encima de lo que emplearon los socios del euro de media.
La segunda de estas partidas, la que tiene que ver con el gasto sanitario, rozó en el conjunto de la Unión Europea los 1,18 billones de euros, el equivalente al 8,1% de su riqueza, teniendo en cuenta que la mayoría de los países cuentan con esquemas públicos de atención. La mayor parte de esa cantidad fue a parar a servicios hospitalarios (3,4% del PIB) y a servicios ambulatorios (2,5% de media). Eurostat explica en su informe que este tipo de gasto venía de aumentar de forma paulatina desde 1995 y dio un salto en los dos años de pandemia debido a que los gobiernos tuvieron que hacer frente de forma repentina a los costes de los tratamientos, de los equipos de protección personal y de las vacunas que tuvieron que asumir los estados miembros para hacerle frente.
