El Tribunal europeo ya se pronunció el pasado 22 de febrero y abogó que, como forma de castigo al abuso de la Administración, se debía hacer fijos a los interinos que habían encadenado durante años contratos temporales. Sin embargo, el Tribunal Supremo no está aplicando esta doctrina bajo el argumento de que el fallo del TJUE no obliga a hacer fijos de forma automática a los interinos, sino que lo propone como una forma de sanción al Estado.
De hecho, el Alto Tribunal español defiende que hacer fijos a los interinos o a los indefinidos no fijos es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública que se basa en pasar unas oposiciones para conseguir plaza, garantizando así los principios de igualdad, capacidad y mérito. El Supremo remitió una cuestión al TJUE para que aclarara si es obligatorio o no hacer fijos a los interinos o a los indefinidos no fijos.
El TJUE tendrá oportunidad de matizar su doctrina y aclarar su respuesta: si hay que hacer fijos a los interinos que encadenan contratos de forma abusiva en el tiempo. Aunque no resolverá el auto remitido por el Supremo el pasado 30 de mayo, sí tratará dos cuestiones españolas sobre el caso de tres trabajadoras remitidas por el Juzgado de lo contencioso Administrativo número 17 de Barcelona.
La primera de ellas es una interina que ha encadenado sucesivos contratos de interinidad desde mayo de 2005. La segunda, también interina, lleva encadenando contratos desde diciembre de 1984. La tercera, comenzó a trabajar en la Administración como interina en mayo de 1991 y hasta ahora. El juzgado indica que las trabajadoras han ejercido funciones idénticas a las de los funcionarios que se hayan en una situación comparable y por tanto han respondido a necesidades que no son temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes. Por ello, piden que se declare que la Administración ha hecho un uso abusivo de la contratación temporal y debe ser sancionada declarándolas indefinidas.
También piden una multa de 18.000 euros para el Estado.
