Si el Fiscal General es el responsable, recalca García, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es competente para investigar la causa, al ser aforado ante el Tribunal Supremo. Álvaro García manifiesta en su escrito que aquella nota de prensa se distribuyó con su “autorización” y sus “instrucciones expresas y directas” y que lo volvería a hacer.
En este sentido asegura que, si se dieran las mismas condiciones, en las que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid distribuyó de forma manipulada el contenido de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso, “volvería a suscribir y ordenar poner fin al bulo” y “amparar a un compañero”.
Una nota que según describe, se limitó a desmentir informaciones “falaces e interesadas” previamente publicadas por varios medios, así como proporcionar información “objetiva e imparcial” sin revelar secreto alguno, en atención al derecho fundamental a una información veraz.
El Fiscal General defiende en su escrito que la nota de prensa no reveló secreto alguno porque los tres medios de comunicación que publicaron de forma manipulada los correos, tanto El Mundo como Vozpópuli, como Libertad Digital, ya revelaron el secreto del caso, que no era otro que la existencia de conversaciones entre las partes para alcanzar un acuerdo de conformidad. Por tanto, a juicio de Álvaro García, la nota de prensa “no infringía ningún deber de reserva” y se limitó a informar de forma “objetiva y neutral” por lo que “ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado”.
