Aunque la Agencia Tributaria informaba que en mayo se había personado en más de 400 gasolineras de España para obtener información sobre este fraude, Montero recalca que “es muy importante que las reclamaciones a la Administración no caigan en saco roto”, ya que “el objetivo es atajar un fraude que pone en peligro la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas”.
Estos fraudes se articulan mediante herramientas legalmente establecidas, como es la creación de nuevas compañías para desarrollar la venta mayorista, las cuales no tienen las mismas obligaciones que las empresas ya existentes. En este sentido, los objetivos obligatorios de biocarburantes, las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética o el pago de las cuotas por mantenimiento de las reservas mínimas de seguridad son distintos.
Desde las asociaciones del sector perjudicadas se han hecho una serie de propuestas para dar solución al problema. Una de ellas es que, desde que el carburante salga de los depósitos fiscales donde se almacena, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. El motivo es que en este momento es cuando el petróleo llega desde las refinerías y los operadores al por mayor lo sacan para vender a minoristas y gasolineras.
