En su auto, el magistrado explica que se trata de una diligencia meramente preparatoria, cuyo resultado no condiciona en manera alguna la decisión de apertura de juicio oral frente a las eventuales compañías aseguradoras.
El objetivo del magistrado es dotar a las acusaciones de toda la información necesaria para que puedan ejercitar sus acciones civiles frente a quien o quienes consideren que tienen la obligación legal o convencional de asumir su pago. A partir de ahí, indica, las acusaciones, a la vista de la información que al efecto pueda serles facilitar, podrán decidir la viabilidad o no de dirigir sus acciones civiles frente a las entidades que puedan haber asumido el pago de la responsabilidad civil derivada de los hechos objeto de la presente causa, así como el riesgo de la imposición de las costas procesales en caso de que sus pretensiones no sean finalmente estimadas.
El pasado mes de marzo, Calama finalizó la instrucción del caso Banco Popular y propuso juzgar al expresidente de la entidad Ángel Ron, a otros doce directivos y a la consultora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron «engañados» puesto que los estados financieros de ese año y de 2015, según el instructor, «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».
Ahora, a instancia de una de las acusaciones, el juez requiere al Banco Santander para que, en el plazo de tres días, aporte las pólizas de seguro que pudiera tener contratadas para asegurar la responsabilidad civil en el momento de su absorción del Banco Popular, que fue inscrita con fecha de 15 de octubre de 2018 en el registro de entidades de crédito del Banco de España y con fecha 28 de abril de 2019 en el Registro Mercantil de Cantabria.
Respecto de PricewaterhouseCoopers Auditores SL, se le solicita para que, igualmente en el plazo de tres días, aporte las pólizas de seguro que pudiera tener contratadas para asegurar la responsabilidad civil derivada del ejercicio de su actividad empresarial y la de sus socios Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda, durante el ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, así como cualesquiera adendas o modificaciones.
Calama explica que tanto el Banco Santander como PwC se han opuesto a la diligencia acordada, en el caso del primero porque afirma que ya se entregaron las pólizas que en su día suscribió el Banco Popular y porque no se ha suscrito ninguna póliza de seguros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles de los antiguos gestores de dicha entidad.
En el caso de la consultora, consideraba que el periodo solicitado excede de los hechos punibles, que sería suficiente con facilitar el nombre de la entidad aseguradora y que el momento oportuno para acordarlo sería la apertura de juicio oral.
El juez explica que la solicitud tiene como objeto dotar a las acusaciones de toda la información necesaria para que puedan ejercitar sus acciones civiles y aclara que ello no conlleva «de manera indefectible que el juicio oral vaya a ser abierto frente a ellas». Recuerda que será en el auto de apertura de juicio oral cuando tal petición sea resuelta por el juzgado.
Por otro lado, el Juzgado Central de Instrucción número 4, una vez firme el auto de pase a procedimiento abreviado, ha dado un plazo de 40 días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o bien el sobreseimiento de esta causa, compuesta por 53.000 folios, distribuidos en 157 tomos y 358.259 acontecimientos.
