En el ámbito contencioso-administrativo, señala que en 2022 ya no había ningún recurso originado contra sus actuaciones en los procesos de reestructuración y resolución en la crisis financiera de 2012. En cambio, sí siguen su curso «múltiples recursos contencioso-administrativos» por su actuación en la resolución de Banco Popular en 2017. En concreto, de los 275 recursos inicialmente interpuestos contra las medidas para aplicar la decisión de la JUR de resolución de Popular, sigue pendiente la tramitación de 212.
«El resto han sido archivados durante los ejercicios 2022 y 2023, fundamentalmente debido a los desistimientos de los recurrentes», señala. Sin embargo, los 212 recursos siguen suspendidos, en espera de que haya una resolución definitiva en los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), y que actualmente penden en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
