Sin embargo, la Sala de lo Contencioso admitió a trámite el pasado 17 de julio el recurso de una interina que estuvo 13 años trabajando en la Administración con contratos temporales. Tras su cese, reclamó ocupar el puesto en la categoría de funcionaria de carrera y una indemnización. El auto, ponencia de la magistrada María del Pilar Teso Gamela, indica que esta cuestión ya ha sido resuelta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 13 de junio y, por tanto, «se hace conveniente un pronunciamiento que aborde el litigio teniendo en cuenta la reciente jurisprudencia europea».
Este fallo del TJUE de junio determinó que tanto la normativa española como la jurisprudencia de los tribunales eran contrarias a la Directiva europea de trabajo temporal porque las compensaciones económicas que daban a los interinos que cesaban de su puesto, tras no lograr la plaza, y ser cubierto por un funcionario eran «insuficientes». Según el tribunal, esta indemnización está limitada (a 20 días por año de servicio, hasta un máximo de doce mensualidades) y por tanto no es suficiente disuasoria para que la Administración siga usando de forma abusiva la contratación temporal.
El TJUE también determinó que como la normativa nacional no tiene medidas de sanción adecuadas contra los abusos, hacer fijo al interino puede ser la forma de castigar a la Administración.
Ahora, el Tribunal Supremo, tal y como señala en su auto, resolverá tres cuestiones al respecto. De un lado determinará si para concluir que hay abuso en la contratación de interinos es suficiente el criterio del tiempo o puede basarse en más aspectos. De otro, una vez reconocida la existencia de abuso, aclarará si para sancionarlo se puede reconvertir al interino en funcionario fijo. Finalmente, si resuelve que no se puede hacer fijo al interino, valorará si cabe una indemnización y qué parámetros tener en cuenta para calcularla.
El TJUE ya emitió una primera sentencia similar el pasado 22 de febrero. Tras este primer fallo, el Tribunal Supremo, no conforme con hacer fijos a los interinos al ser contrario al derecho nacional que exige pasar unas pruebas para acceder a la Administración, remitió una cuestión prejudicial al tribunal europeo el 30 de mayo preguntando si es conforme a derecho europeo la doctrina jurisprudencial que niega a los indefinidos no fijos la condición de fijos porque no han superado los procesos de selección como las oposiciones. Según los últimos datos el Instituto Nacional de Estadística (INE) del cuarto trimestre de 2023, en España hay 3,5 millones de trabajadores públicos, de los que un millón son empleados temporales, aunque esta información no diferencia sobre cuánto tiempo llevan en esta situación. Precisamente, Europa urgió el jueves a España a solucionar el problema de la prolongada contratación temporal.
