Este es el mensaje del consejero delegado de Renault, Luca de Meo, que es también el presidente de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), y que en una entrevista este sábado a la emisora France Inter indicó que «solo fijar plazos y multas, sin poder flexibilizar, eso no funciona». Se refería así a la reglamentación europea CAFE (Corporat Average Fuel Economy) que impone a los fabricantes una reducción progresiva de las emisiones del conjunto de coches que venden bajo la amenaza de multas millonarias con vistas al plazo de 2035, cuando estará prohibida la venta de vehículos particulares con motores de combustión.
De Meo advirtió de que si se mantiene el nivel actual de matriculaciones de vehículos eléctricos, cuyas ventas sufren un frenazo desde hace meses, la alternativa para el sector será pagar esos 15.000 millones de multa o renunciar a la producción de 2,5 millones de vehículos particulares y furgonetas con motores de explosión.
Si bien no cuestionó directamente la prohibición de la comercialización de los motores de combustión en 2035, sí que recordó que cuando se debatía esa cuestión, tanto Renault como el Gobierno francés querían desplazar ese horizonte a 2040. Pero sobre todo, insistió en que «valdría más hablar de 2025» y de los problemas que se van a plantear ya de forma inmediata a los fabricantes por la norma CAFE, y por eso insistió en que el nuevo Ejecutivo europeo «nos tiene que dar un poco más de flexibilidad».
«Necesitamos estabilidad» en las políticas, dijo, porque la industria trabaja ciclos largos, en particular con las inversiones que está haciendo, de unos 250.000 millones para crear factorías de baterías, que suponen en torno al 40 % de un vehículo eléctrico.
