Todo indica por tanto que la oferta del Ejecutivo de Imanol Pradales está sujeta, como ya pasara con CriteriaCaixa, a la aparición de un socio industrial capaz de ofrecer espacio para elevar su producción.
Aunque las conversaciones están en una fase preliminar, la ‘operación salvamento’ que ofrece Vitoria a Madrid pasaría por replicar una fórmula similar a la llevada a cabo con ITP Aero, cuando la salida de Rolls-Royce de su accionariado dio paso a una asociación entre el fondo norteamericano Bain Capital, el español JB Capital (de Javier Botín), y el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), con un 6% mediante su vehículo inversor Finkatuz. A ellos se sumó el pasado año Indra, que adquirió un 9,5% del capital del fabricante aeronáutico vasco.
Desde el Ejecutivo del PNV desmienten que se esté analizando la operación de Talgo en Finkatuz, pero, el Gobierno Vasco ha tanteado a varios actores industriales del territorio sin que de momento ninguno haya mostrado un interés real por entrar en Talgo, lo que de momento estaría frenando el plan. Su estrategia contemplaría adquirir una participación de entre el 5% y 10% de Talgo para garantizar cierto apoyo financiero, pero sin intención de gestionar la compañía.
El fondo del Gobierno Vasco Finkatuz, diseñado para participar en empresas estratégicas de Euskadi y garantizar su arraigo al territorio, cuenta con un capital de 300 millones después de que el Gobierno Vasco aprobase en junio una nueva inyección de 40 millones. Sin embargo, lleva sin acometer inversión alguna desde 2022 y sólo tiene invertidos 104 millones de esos 300, lo que facilitaría su hipotética entrada en Talgo.
El valor de mercado del fabricante con sedes en Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava) ronda los 430 millones de euros, después de que la semana pasada cotizase entorno a los 3,40 euros por acción. Son casi 200 millones menos que los 620 millones ofrecidos por el consorcio húngaro Ganz-MaVag, cuya opa fue tumbada por el Gobierno alegando motivos de seguridad nacional.
En el caso de que el Ejecutivo vasco acometiese la compra de una participación del 10% del capital de Talgo, la aportación a realizar sería de unos 43 millones, un importe asumible dado que todavía tiene disponibles 196 millones. La cifra supondría multiplicar por 2,5 la inversión acometida en CAF, que ascendió a 17 millones para comprar un 3% , en dos operaciones diferentes, la primera en 2017 y la segunda, en 2022. Además de la inversión en ITP y CAF, el Gobierno Vasco tiene el 7,31% de Kaiku Corporación Alimentaria, que adquirió en 2019 por 6,6 millones.
La posibilidad de lograr un acuerdo próximo fue reconocida por el ministro de Transportes, Puente, en una reciente entrevista donde exclamó que esperaba alcanzar una solución consensuada «pronto», en un plazo de «semanas», y que debería llegar con «la guinda» del pastel, que sería «mantener la españolidad». Según expresó entonces, la ambición del Gobierno pasa por «dotar a Talgo de un accionariado renovado y de una capacidad industrial que permita atender los pedidos que tiene, que son muy cuantiosos», y para ello, «necesita de un compromiso industrial muy serio por parte de sus socios».
Puente abrió la puerta a alcanzar «una solución consensuada» con Renfe «cuando Talgo resuelva su situación de cambio de accionariado» para «que no se vea perjudicada» por las sanciones anunciadas por la operadora pública, que reclama una indemnización de 167 millones de euros por los retrasos en las entregas e incidencias durante el servicio.
La involucración del Ejecutivo vasco en la operación Talgo forma parte del acercamiento que están mostrando el PSOE y el PNV en los últimos días. Ambos partidos, socios de gobierno en Euskadi, sellarán esta semana la reforma de la Ley Mordaza, una norma que fue planteada por los nacionalistas vascos en 2017 y que ahora han recuperado los socialistas.
A esta ecuación hay que sumar el desembarco de altos cargos del PSE en Madrid para suavizar las relaciones entre ambos partidos: Al ya conocido Santano, Secretario de Estado de Transportes, se ha sumado recientemente Marco, exviceconsejero de Infraestructuras y Transportes del gobierno Vasco, que fue nombrado presidente de Adif.
