Y en España la situación es aún peor porque el Gobierno trata incluso, según explican en el mercado, de ir más rápido. Según Asedas, patronal de los supermercados, en 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio en los ámbitos local, autonómico, nacional y europeo. Esto supone una media de 3,1 desarrollos legislativos al día y supone un nuevo repunte sobre el año anterior, cuando se contabilizaron 2,7 normas diarias.
Teniendo en cuenta los datos de los últimos cinco años, la escalada normativa no cesa desde niveles previos a la pandemia, cuando se registraron 476 (1,3 normas diarias) en 2019. Por categorías, la legislación relacionada con el medioambiente se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 486 textos legales. Y le siguen la seguridad alimentaria, con 254, y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa (urbanismo, licencias…), que suman 221 normas. Más allá de lo que está aprobado, el problema se centra ahora en la nueva regulación que entrará próximamente en vigor. Con todas las alertas encendidas, el sector alimentario y de gran consumo urge así a que se amplíen los plazos de adaptación para no sufrir una pérdida de competitividad.
En los próximos meses entrarán en vigor nuevos reglamentos relativos a ecodiseño, greenwashing, envases, green claims, diligencia debida, deforestación y otras normas sobre agua, desperdicio o cambio climático, cuya aplicación supone un auténtico desafío para la industria alimentaria, especialmente las pymes, que constituyen el 96% del sector», explica Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). Según Sánchez Pello, «es imprescindible que la industria alimentaria cuente con unos plazos de adaptación suficiente para no limitar su capacidad de inversión y creación de empleo».
Y es que a partir del 1 de enero se deberán introducir envases reutilizables en el mercado. El Real Decreto de Envases y Residuos de Envases obliga a que los establecimientos de 300 a 1.000 metros cuadrados cuenten, al menos, con cuatro referencias de bebida en envase reutilizable; si tienen de 1.000 a 2.500 metros deberán tener al menos cinco referencias y los mayores por lo menos siete.
María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas, la patronal de cadenas de supermercados como Mercadona, Dia, Ahorramas, Lidl o Aldi, advierte, como Fiab, que «el sector necesita un mayor tiempo de adaptación» y reclama ajustarse al Reglamento europeo, que está a un paso de aprobarse y que fija la fecha de introducción de los envases reutilizables a partir de 2030. «Debería haber una armonización a nivel europeo y que la legislación sea igual para todos», explica Martínez-Herrera. Pero el problema va incluso mucho más allá. La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados establece que si no cumplen los objetivos de separación de las botellas de plástico fijados para 2023 y 2027 «se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029». El Ministerio de Transición Ecológica tendrá que recopilar así toda la información correspondiente al año pasado antes del 31 de octubre y en el caso de que no se haya alcanzado el 70% de reciclaje pondrá en marcha los denominados SDDR.
En 2025 se empezará además a aplicar el nuevo Reglamento de lucha contra la deforestación. En concreto, desde el 30 de diciembre de 2024 o el 30 de junio de 2025 para las microempresas y las pymes establecidas antes del 31 de diciembre de 2020 se establecerá la denominada diligencia debida, que obliga a las empresas que compren productos del ganado, café, cacao, aceite de palma o soja a que certifiquen que no provienen de cultivos donde ha habido deforestación o degradación forestal. El objetivo es reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial, pero obligará a toda la cadena a garantizar las buenas prácticas también de sus proveedores, dificultando aún más la gestión. El Gobierno ha reactivado asimismo la ley del Desperdicio Alimentario, que quedó paralizada por el adelanto electoral. Entre otras obligaciones, establece una jerarquía de prioridades para dar otros usos a los alimentos que no se venden, la creación de planes de prevención del desperdicio en toda la cadena o que la hostelería facilite a sus clientes llevarse los alimentos que no hayan consumido.
La directora de Sostenibilidad de Asedas insiste en que el sector «está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena», pero denuncia así que «la legislación que nos llega desde todas las administraciones -y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución-, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del retail español, caracterizado por una gran capilaridad y competitividad que permite llevar al consumidor una cesta de la compra variada y a precios competitivos muy cerca de sus casas». El problema se agrava, además, por los criterios dispares que adoptan en muchas ocasiones las autonomías.¡
