La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a la que pertenece Viada, denunció que durante el registro al despacho del fiscal general, tuvo lugar un encuentro en el patio de la institución entre García Ortiz y Sánchez Conde revisando el móvil del primero, cuando agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aún estaban llevando a cabo sus pesquisas.
Un asunto que la asociación, que ejerce la acusación popular en la causa, tilda de «sorprendente», por el hecho de que «una fiscal asignada a un asunto esté examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado». Según la Fiscalía, cuando ambos se vieron, los agentes ya habían devuelto el móvil clonado al fiscal general hacía más de una hora.
Pero el magistrado instructor Hurtado considera «pertinente» la testifical en la medida que ese encuentro «puede aparentar una muestra de una afinidad y proximidad con el investigado», que es «conveniente aclarar ante las quejas formuladas por algunas de las acusaciones por tales muestras».
Se da la circunstancia de que Viada como testigo está obligado a decir verdad y responder a todas las partes, incluida la fiscal del caso, que es precisamente Sánchez Conde. Y su comparecencia se produce después de que la empresa de seguridad le dijera al magistrado que no existe ninguna cámara instalada en ese patio, por tanto, no puede atender la petición que le trasladó, a instancias de Apif, para conservar las imágenes que pudieran acreditar dicho encuentro.
El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Rodríguez, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.
