El nombre que le han dado al texto parlamentario es Proposición de Ley Orgánica «de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», y plantean que se aparte a los magistrados que realicen declaraciones en favor de partidos políticos, ya que es algo considerado como «judicialización de la política» y con la que se corre el riesgo de «desembocar en una politización de la Justicia».
Desde que el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Peinado, abriera una causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a principios del año pasado, desde el PSOE y el Ejecutivo han criticado que el caso surgiese a partir de «recortes de prensa». Además, también han reprobado en numerosas ocasiones que «organizaciones ultraderechistas» como Manos Limpias, ejerzan la acusación popular; figura que ahora quieren modificar.
El portavoz de los socialistas en el Congreso, López, ha señalado en rueda de prensa que «hemos decidido actuar con una ley que busca impedir los mecanismos de este acoso» judicial. Así, ha indicado que «queremos que la participación de la acusación popular quede circunscrita a la fase de juicio oral, y a la formulación inicial de la querella», y que se «prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos» o entidades «vinculados a ellos». «La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Nadie más. Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones», ha agregado.
Igualmente, López ha afirmado que se incluye en su propuesta «la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa». Ha resaltado que «cogemos lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo y lo llevamos a la ley, nada más».
Por su parte, el dirigente socialista ha manifestado que «queremos suprimir el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos». «Es un delito que sí que aparece en el Código Penal pero que no registra apenas condena, y que sin embargo es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos haciéndolos pasar por procesos penales que son muy costosos», ha apostillado.
López ha esgrimido que «todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común, que es la judicialización de la política», algo que «corre el riesgo de desembocar en una politización de la Justicia», debido a que «hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente para así iniciar procesos donde partan con ventaja». Además, ha apuntado que «hemos adoptado una decisión que nos parecía ya urgente e importante, que es frenar el acoso y la persecución que los grupos ultras están haciendo de mucha gente en este país»
