El caso, que fue desvelado por El Debate, acaba ahora en los tribunales tras la querella de la organización Abogados Cristianos.
La querella, sostiene que Vancouver Media, la empresa donde trabaja el cuñado del presidente, «comenzó a beneficiarse de contratos y deducciones fiscales sin concurrencia competitiva». Más adelante explica que «estos privilegios son procedentes de organismos públicos controlados directa o indirectamente por el Gobierno». Para Abogados Cristianos, «estos elementos permiten inferir, al menos indiciariamente, que Gómez se valió de su posición y relación familiar con el presidente del Gobierno para facilitar o influir en decisiones administrativas que beneficiaron directa o indirectamente a su empresa, en términos de adjudicaciones, acceso gratuito a bienes públicos y ventajas fiscales».
Gómez fue contratado en esta compañía como director del departamento de Postproducción en octubre de 2018. Es decir, tan sólo cuatro meses después de que su cuñado llegara al Palacio de La Moncloa. Entre sus labores en la compañía se encuentran la edición, el conformado, el color, el sonido, la música y el control del presupuesto en los trabajos audiovisuales de la empresa. También se encarga del diseño de las áreas del rodaje y de llevar el control del calendario de las distintas grabaciones. En 2019, Vancouver recibió ayudas por valor de 4,3 millones de euros bajo el concepto de «deducción por inversiones en producciones cinematográficas extranjeras» por llevar a cabo «actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión». Los dos años siguientes la empresa recibió nuevas ayudas. En 2020 y 2021, Vancouver Media se benefició de deducciones fiscales por otros 12.042.126 de euros, por lo que, en total, hasta el momento, ha recibido más de 16 millones de euros. Además, el Ministerio de Transportes permitió que la productora grabara varios capítulos de la serie La Casa de Papel en sus exteriores completamente gratis cuando, antes de la contratación del cuñado de Sánchez, la empresa había tenido que pagar 42.350 euros por usar otras instalaciones oficiales.
