Se cumplen dos años de la Ley de la Vivienda y la crisis inmobiliaria se mantiene como la principal preocupación de los españoles, según el CIS. 24 meses después de su puesta en marcha, el balance no es positivo. La medida de topar los precios no ha funcionado. Los alquileres están cada vez más altos yla oferta se ha reducido por lo que el acceso a un hogar se ha convertido en la principal preocupación de los españoles.
El Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, ha realizado un análisis sobre la situación del alquiler en España en este segundo aniversario de la aprobación de la Ley. La principal conclusión a la que llega, es que, en este tiempo, el mercado del alquiler ha perdido más de 120.000 inmuebles, mientras que la competencia entre inquilinos por encontrar un alquiler se ha disparado, y el resultado arroja unos precios de récord que alcanzan ya los 1.146€ de media.
Pese a que el objetivo principal de esta ley era promover el acceso a un hogar, la normativa no solo no ha tenido los efectos esperados, sino que ha recrudecido la situación, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta sin precedentes y alcanzando cotas de precios prohibitivos para muchos inquilinos.
Así las cosas, el alquiler residencial o de larga duración ha sido el gran perjudicado. La escasez de oferta agravada desde la aprobación de esta norma afecta a los inquilinos de toda España, y, especialmente, a los que residen en las zonas declaradas de mercado tensionado, como Cataluña o País Vasco.
Además, la pérdida de oferta en estos dos años ha sido dramática, ahondando más en el problema de escasez que lastra el mercado del alquiler español. Si echamos la vista a tres años atrás, vemos que en en 2022 se comercializaron un total de 855.518 inmuebles y eEn 2024, la cifra se redujo hasta los 734.662, es decir, una caída de más de 120.000 viviendas.
En este contexto, las previsiones no son optimistas y para este 2025, la estimación es que se pongan en alquiler tan solo 681.920 viviendas en todo el país. La ley de vivienda ha generado una asimetría entre el alquiler residencial y otras modalidades de arrendamiento. Muchos propietarios, preocupados por el intervencionismo de este mercado, han optado por otras alternativas, especialmente los alquileres de temporada. A nivel nacional, un 14% de las viviendas se promocionan ya como temporales, un dato que supera el 50% en lugares como Barcelona.
Según los datos del Instituto Catalán del Suelo, en Cataluña, donde se ha aplicado de forma más intensa la disposición estrella de la norma, las zonas tensionadas que permiten limitar los precios del alquiler para evitar que puedan subir al final del periodo de arrendamiento. En marzo, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Vivienda vendieron que en los tres primeros trimestres de aplicación (de abril a diciembre de 2024) de estas zonas en 140 municipios los precios cayeran un 3,7% de media, llegando al 6,4% en la ciudad de Barcelona.
Otras vías de escape han sido la venta o el alquiler turístico (que tiene un impacto muy limitado en la oferta, ya que solo representa el 1,1% del parque en Madrid o el 1,4% en Barcelona). A la par de la reducción de la oferta está la presión de la demanda. En este sentido, el número de personas que se interesan por cada inmueble que se pone en alquiler en un plazo de diez días se ha disparado. Si antes de la ley de vivienda, cada oferta recibía una media de 37 interesados en diez días, ahora la cifra se ha elevado ya hasta los 112, con algunos lugares, como la provincia de Barcelona, que superan los 300. Mientras la demanda crece, los cambios en el estilo de vida o las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad; la oferta no ha dejado de caer.
Y en esta tesitura, en su último informe sobre España, el Fondo Monetario Internacional cuestiona el impulso que desde el Ejecutivo se ha llevado a cabo en el control del alquiler precisamente por los efectos que está teniendo sobre la oferta. El organismo advierte de que debe «reevaluarse este control de precios del alquiler y abandonarse en caso de constatar que reduce la cantidad o la calidad de la oferta regular de alquileres, o que dificulta el acceso por parte de los hogares de más bajos ingresos».
