Las organizaciones empresariales retiran su rechazo a la modificación del tiempo máximo de trabajo por ley y llaman a los partidos políticos a frenarla, después de haber mantenido encuentros en privado para conseguir que más formaciones presenten enmiendas a la totalidad.
Los empresarios cargan contra la «manipulación del Ministerio de Trabajo para justificar una medida que es fruto de un acuerdo meramente político y, también, a la intervención que supone en la negociación colectiva. CEOE se refiere a la memoria económica que acompaña a la iniciativa que se encuentra en la Cámara Baja donde dicen que el departamento de Trabajo «perfila una realidad sesgada» de la situación de la Agricultura, Ganadería y Pesca, la Hostelería y el Comercio «para asegurar que esta es asumible». Se refieren a las alusiones que hay a lo largo del texto a los márgenes empresariales de estas actividades económicas que según denuncia la patronal pasa por alto el problema de vacantes que enfrentan y que se agravaría con el cambio de la jornada laboral.
CEOE y Cepyme ponen el acento en el impacto que tendría la medida en las empresas pequeñas y medianas, después de que la candidatura respaldada por Garamendi consiguiera la presidencia de la patronal de las pymes hace solo una semana. «Entre los años 2019 y 2024, el tejido empresarial solo ha crecido un 0,1%, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ese periodo, el número de empresas de entre 1 y 9 trabajadores se ha reducido un 1,4%. Esta caída se amplía hasta el 1,6% en la Hostelería, al 4,8% en la Agricultura, Ganadería y Pesca y al 7% en el Comercio. Sumando estos tres sectores, se han quedado por el camino unas 25.500 empresas en los últimos cinco años», ponen de relieve.
En este contexto, las organizaciones empresariales hacen una nueva llamada a los partidos políticos antes de que se cierre el plazo de presentación de enmiendas y se fije una fecha para llevar a cabo el debate de totalidad. CEOE y Cepyme que participaron en una mesa de negociación que se extendió por más de 10 meses, señalan el «riesgo de tomar medidas en materia laboral de espaldas a las empresas y de la negociación colectiva» y llaman a ofrecer una visión «real» de la situación a los ciudadanos, dado que consideran que el propio Gobierno ha distorsionado el debate y que estos, también se verán perjudicados por el efecto negativo de las medidas.
La memoria económica elaborada por el Ejecutivo, que algunos centros de estudios han señalado como pobre, hace referencia a que el paso de las 40 horas actuales a 37,5 horas podría traducirse en un aumento del 7% en los costes laborales. Si bien, la titular de la cartera pone el acento en que el impacto medio será del 2,2%, la mitad del último incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La patronal reprocha que esta cifra no refleja de forma veraz la situación que atravesarán muchas de las compañías que se han adaptado con dificultad a los cambios normativos de los últimos años y al alza de cotizaciones sociales, este es el caso de las empresas que tienen contratos con el sector público, cuyo precio no pueden revisar y cifran el impacto potencial en 1.300 millones.
