Es que el asalto a las instituciones clave para manejar los entresijos del Estado están siendo frenadas por los propios funcionarios que han reaccionado en defensa de sus honorabilidad,
Así, en el Tribunal Constitucional, formado por 12 magistrados, el PSOE no ha logrado garantizar la actual mayoría progresista más allá de 2029. En 2026 debía renovarse el bloque de cuatro magistrados designados por el Senado, entre ellos Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, el PP mantiene bloqueada la renovación porque, con la actual composición de la Cámara Alta, PSOE y PP elegirían dos magistrados cada uno, manteniéndose el equilibrio actual. Los populares prefieren esperar a una futura mayoría junto a Vox que les permita nombrar los cuatro puestos y alterar la correlación de fuerzas.
En RTVE, el Gobierno reformó en 2024, mediante decreto ley, la composición del Consejo de Administración, las mayorías para elegirlo y la duración de los mandatos. Los 15 consejeros fueron nombrados por seis años, hasta 2030, aunque un futuro Ejecutivo podría modificar nuevamente el modelo por la misma vía.
La renovación de la CNMC también permanece pendiente. En junio expiró el mandato de la presidenta, Cani Fernández, y de dos consejeros. Aunque el Gobierno propone los nombramientos, estos requieren el respaldo del Congreso, donde los socialistas dependen de Junts.
El CGPJ sí tiene garantizada su continuidad hasta julio de 2029 gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en 2024 para renovar sus 20 vocales. La presidenta, Isabel Perelló, mantiene igualmente su mandato al frente del Tribunal Supremo.
En la Fiscalía General del Estado y el CIS, los cambios pueden ser inmediatos si así lo decide un nuevo Gobierno. La fiscal general, Teresa Peramato, puede cesar cuando termine el Ejecutivo que la propuso, mientras que la presidencia del CIS depende directamente del Consejo de Ministros.
Por su parte, José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España desde septiembre de 2024, tiene un mandato de seis años, sin posibilidad de renovación, hasta 2030.
En la AIReF, Inés Olóndriz fue nombrada presidenta en marzo de 2026 por un período de seis años, hasta 2032. Su cargo está protegido frente a un eventual relevo gubernamental antes de esa fecha.
La CNMV amplió en 2023 los mandatos de sus responsables de cuatro a seis años. Carlos San Basilio y Paloma Marín, designados en 2024, permanecerán en sus cargos hasta finales de 2030.
El Tribunal de Cuentas mantiene una composición pactada entre PSOE y PP desde 2021. Sus doce consejeros tienen mandato hasta 2030. La presidenta, Enriqueta Chicano, renovó en 2024 por tres años más, hasta 2027, en un contexto de controversias políticas relacionadas con investigaciones sobre la financiación del PSOE.
