El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y puede ser cesado por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto.
Este caso vuelve a poner de manifiesto el choque que existe entre el Gobierno y algunos jueces, que con sus decisiones judiciales van contra lo que el Ejecutivo considera sus intereses o lo que, a su juicio, debe ser. Ha sucedido con las investigaciones al entorno de Pedro Sánchez y sucede en este caso del fiscal general. Para el Gobierno estos jueces son «la oposición real de este país», como lo ha definido el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Sobre la parte del auto en la que el juez sostiene que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», desde el Gobierno niegan este extremo. «Quiero negar rotunda y categóricamente esto», ha dicho Bolaños, que ha «lamentado mucho que el Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria».
«Creo que es público que nosotros en el Gobierno apoyamos a la figura del fiscal general del Estado», anticipó ya hace menos de un mes Bolaños, preguntado expresamente por si mantendría el Ejecutivo el apoyo aún si el Tribunal Supremo acuerda procesarle y enviarle a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. «Consideramos que en ese procedimiento judicial en el que se está viendo involucrado lo que hizo fue contar la verdad a la ciudadanía. Y perseguir el delito. Y, por tanto, cuenta con nuestro respaldo». El mensaje que durante toda la investigación judicial se ha trasladado por todos los miembros del Gobierno han sido: «Clara confianza en el fiscal general del Estado». «No tenemos ninguna duda de que la verdad pondrá las cosas en su sitio y, sobre todo, se podrá por fin empezar a centrarse en los delitos fiscales que sí que se han cometido», han repetido desde la sala de prensa de La Moncloa y en distintos actos, preguntados por este asunto.
Alegría, portavoz del Ejecutivo, llegó a expresar en una intervención en el Senado que con toda esta investigación a García Ortiz tenía «la sensación muchas veces de estar frente a un escenario paranormal». «A raíz de que se conoce esta información, el propio jefe de gabinete de la señora Ayuso filtra a los medios de comunicación que la Fiscalía quería llegar a un acuerdo con él, cuando realmente la información era absolutamente falsa y el fiscal lo único que hace es desmentir un bulo», defendió Alegría.
Por su parte, Sumar ha esquivado el debate sobre la dimisión del fiscal general para denunciar que su procesamiento manda un mensaje «muy peligroso» de «impunidad» a quien «vive de mentir y degradar las instituciones».
Desde Izquierda Unida, su líder, Antonio Maíllo, ha vinculado la decisión con el intentado de «derribar» al Gobierno de coalición. «Procesar al fiscal general informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos», ha escrito en X.
Por su parte, Podemos vincula directamente el procesamiento del fiscal general con la «guerra sucial» de la derecha: «De aquellos polvos tenemos hoy estos lodos», ha dicho la secretaria general, Belarra, en tono recriminatorio al PSOE por pactar el CPGJ con el PP. «La consecuencia de que cuando tú gobiernas la derecha siga mandando aunque no esté formalmente en el Gobierno es lo que estamos viendo hoy: que van a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado», ha dicho. «Porque cuando le hicieron la guerra sucia a Podemos, a los independentistas, a los ecologistas, a los movimientos sociales o a los activistas por Palestina el PSOE no hizo nada y pactó el CGPJ con la derecha. Y, como consecuencia de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos».
