Tanto los herederos políticos de ETA, EH-Bildu, como el PNV llevan años intentando que sus apenas dos millares de vecinos, en su mayoría proclives a la integración en el País Vasco, voten en un referéndum. El último movimiento en este sentido lo han llevado a cabo desde este último partido, con una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien, tras referirse a la «situación singular» del enclave, le pasaba la pelota a la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León, quienes no están por la labor de cambiar sus fronteras por las ansias expansionistas de los nacionalistas vascos.
El diputado Mikel Legarda fue quien planteaba la cuestión en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, este miércoles, aludiendo a la situación y las reivindicaciones históricas de los treviñeses para pasar bajo la administración alavesa y terminó preguntando si, en caso de que se lo solicitaran, Torres autorizaría una consulta para conocer sus deseos. Torres apuntaba en su respuesta a que los requisitos jurídicos exigen, para una hipotética anexión del enclave de Treviño a Álava, que la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León emitan informes favorables para ese referéndum.
Esto es, que «para que un municipio llegue a una Comunidad es preciso que salga de otra», en palabras del dirigente socialista, quien señalaba que nada de lo esgrimido por los nacionalistas se podía incluir como habilitante para ese referéndum en base a la Ley de Bases del Régimen Local. Hay, según el político canario, una serie de pasos «preceptivos» previos que el Tribunal Supremo exige y, entre ellos, ese informe favorable de Burgos y Castilla y León.
El dirigente vasco tildaba entonces de «grumosa» la respuesta del ministro y apuntaba a que el caso de Treviño, dotado de parte de sus servicios por la administración alavesa y vasca, «es ante todo un problema para sus habitantes», que son, sin embargo, los únicos que «no pueden decir nada» sobre su futuro. Torres admitía al diputado del PNV que «no le falta razón lógica», pero insistía en que «el ordenamiento jurídico establece» la necesidad de esos informes favorables. «Es jurídicamente posible, pero se tienen que cumplir los pasos», zanjaba.
Menos considerado con las aspiraciones vascas se mostraba su compañero de filas Carlos Martínez. El secretario general del PSOE de Castilla y León afirmaba ese mismo día que Treviño, compuesto por los municipios de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, es «parte» de la «integridad» de Castilla y León y «así va a seguir siendo». Los socialistas, en un alarde de defensa de la integridad territorial que no exhiben con tanto ahínco a nivel nacional, seguían marcando una postura clara contra las pretensiones del PNV. «Va a acabar siendo y será de Burgos», señalaba su secretario de Organización en la Comunidad, Daniel de la Rosa, quien apuntalaba que «la posición va a ser siempre la defensa de la integridad territorial de nuestra provincia y nuestra Comunidad».
Este jueves, al ser preguntado por esta cuestión, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Fernández Carriedo, reafirmaba el claro compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con la defensa de la integridad territorial de la comunidad autónoma. «A nuestros efectos el mapa territorial en España está completamente cerrado. Somos firmes defensores en este aspecto de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León», indicaba, antes de advertir que el Ejecutivo autonómico iba a «defender con toda firmeza los intereses y la integridad territorial de Castilla y León».
Finalmente, los castellanistas de Partido Castellano-Tierra Comunera, fuerza extraparlamentaria, profundizaban en el rechazo a la idea que maneja el nacionalismo vasco a través de un comunicado en el que recordaban que Treviño «forma parte de Burgos y de Castilla desde hace siglos».
«Su pertenencia a Castilla no es una cuestión coyuntural ni negociable, sino una realidad histórica consolidada que no puede quedar subordinada a estrategias expansionistas del nacionalismo vasco ni a intereses políticos ajenos a la voluntad general del conjunto de Castilla y León», aseguraban desde el PCAS-TC, desde donde le afeaban a los jeltzales su actitud «profundamente irresponsable» al intentar reabrir artificialmente un debate territorial cerrado, utilizando para ello iniciativas parlamentarias y presiones institucionales encaminadas a desgajar territorio castellano. «Estas maniobras solo contribuyen a generar confrontación y tensión entre territorios históricamente vecinos y vinculados»
