La investigación se ha iniciado a raíz de la petición de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil que, como consta en la denuncia, solicitaba a la Justicia que indagaran en la actividad tanto de Díez, así como en la del empresario Pérez Dolset, del letrado Teijelo –actualmente en la defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán– y el propio empresario del fuel Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional por un fraude de hidrocarburos. Los cuatro fueron recogidos en una reunión revelada por ‘El Confidencial’ en el que trataban de recopilar información sobre supuestas irregularidades de agentes como el teniente coronel Antonio Balas que dirige el departamento económico de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.
Díez explicó después que ella llevaba años realizando una investigación periodística de la mano de Dolset uniendo a todos los afectados por las llamadas cloacas del Estado, pero a juicio de los denunciantes, en ese audio en el que se escucha a los interlocutores hablar de la «camorra de la Guardia Civil» o de la posibilidad de tener «gente infiltrada» en el cuerpo sacando información se vislumbran hechos «especialmente graves que afectan al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a funcionarios públicos cuya labor es la investigación policial de presuntos delitos de corrupción». Por eso, pedían una investigación por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Plaza de Castilla ya ha iniciado estas diligencias, según confirman citadas fuentes jurídicas, contra Leire Díez y «otros» que no han podido concretar.
Pero además, existen otras denuncias en reparto. Por un lado, la primera que el decanato ha enviado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid fue la que interpuso Hazte Oír, asociación que también se querelló contra Díez en Badajoz al considerar que el exconcejal socialista trató de interferir en la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí, de hecho, se abrieron no una, sino dos diligencias por delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la juez del caso del ‘hermanísimo’. Ambos juzgados, finalmente, se han inhibido a Madrid y una de estas denuncias ha terminado también en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
El instructor de ese juzgado es, paradójicamente, Zamarriego que investigó en su momento a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido con el ‘Pequeño Nicolás’, con quien algunos miembros del PSOE al inicio de esta crisis llegaron a comparar a Leire Díez. Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 44 de la capital ha recibido la denuncia del partido político Iustitia Europa, mientras que el Juzgado de Instrucción número 26 tiene sobre la mesa otra de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Ninguna de estas se ha iniciado y lo previsible, según explican fuentes jurídicas, es que todas las investigaciones terminen unificándose en una y las acusaciones populares se personen todas en el mismo Juzgado. Así ocurre cuando los hechos que se denuncian son los mismos o son conexos entre sí. Fuentes fiscales añaden que, de momento, el Ministerio Público no se ha pronunciado en ninguno de los procedimientos.
Existe, además, una séptima denuncia que planteó el PP ante la Fiscalía Anticorrupción. En ese caso también los denunciados eran Díez, Teijelo y Pérez Dolset y señalaban delitos de cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y pertenencia a grupo u organización criminal. Génova habló entonces de «guerra sucia del PSOE y sus satélites» y de trabajos de «fontanería», si bien Anticorrupción estaba esperando a conocer si alguna de las causas se judicializaba para saber cómo actuar. Cabe recordar que si un juez inicia una investigación, las diligencias ya no pueden permanecer más en la Fiscalía por lo que ahora deberá resolverse si la competencia de las pesquisas contra Díez es del Ministerio Público de Madrid o de Anticorrupción.
Por otro lado, existe una investigación en el seno de la Fiscalía Provincial de Madrid que indaga sobre la denuncia, precisamente, del fiscal Anticorrupción Grinda, quien aseguró que un periodista, actuando de intermediario, le ofreció un destino en el extranjero a cambio de que modificara determinados procedimientos judiciales y diera información sobre el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Detrás de ese supuesto chantaje, dijo, estaba Leire Díez. A pesar de que el Ministerio Público inicialmente archivó estas diligencias preprocesales, el pasado 20 de junio el fiscal Juan Pablo Nieto Mengotti las volvió a reabrir de acuerdo a las informaciones que se estaban publicando en los medios de comunicación y tomó declaración a Grinda como perjudicado, tal y como avanzó este medio.
