Según asegura en un comunicado, tras estas dos iniciativas legales (la primera actualmente paralizada ante la renuencia de los socios de Gobierno), «llega ahora la «Ley Falcon», que busca ocultar información clave sobre el uso de recursos públicos y posibles delitos institucionales».
La asociación afirma que en menos de 48 horas más de 28.000 ciudadanos «se han sumado a una campaña activa para denunciar ante la Unión Europea este nuevo ataque a la libertad y el intento de impunidad del PSOE», un paso que ya ha dado, denunciando ante «diferentes instituciones de la UE este nuevo plan de Sánchez contra la libertad de prensa, la libertad de información y buscando impunidad». De hecho, esas denuncias se han interpuesto ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.
En la denuncia interpuesta ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, asegura que el proyecto de ley de información clasificada «afecta a principios esenciales del Derecho comunitario» en la medida en que considera que «restringe gravemente el derecho a la información, menoscaba la libertad de prensa» e infringe el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Y es que, insiste, la libertad de expresión y de información «constituye un pilar fundamental en el ordenamiento jurídico comunitario».
Según alerta, «las recientes reformas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez parecen orientadas a debilitar la libertad de prensa, todo ello con el fin de evitar difusión de noticias perjudiciales para los intereses particulares de los miembros del Ejecutivo». Y llama la atención sobre el hecho de que el Ejecutivo persiga «ampliar sus competencias para lograr censurar informaciones que no resulten de su agrado, algo claramente contrario a los valores fundamentales de la Unión Europea».
De hecho, el comunicado difundido por Hazte Oír se refiere a la reforma como una «Ley de Impunidad 3.0» que se ha puesto en marcha como «reacción al cerco judicial». «No es una norma técnica. Es un instrumento político», insiste. «El Gobierno ha comprendido que las acusaciones populares, los medios libres y los tribunales están acorralando a su cúpula», apunta Hazte Oír, que defiende que como «testigo directo» de este proceso «no puede guardar silencio».
Para la asociación denunciante -personada como acusación popular en el «caso Koldo» y en las causas judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, respectivamente, el Gobierno «responde con una nueva ley que refuerza el silencio, debilita la transparencia y obstaculiza la acción de los tribunales y del periodismo». Y pone de relieve que la aceleración en la tramitación de la ley «coincide con un punto de inflexión: la Justicia ya investiga el núcleo del PSOE». «La tramitación de esta reforma -incide- llega justo cuando las pruebas, las declaraciones judiciales y los informes policiales avanzan en dirección directa hacia Moncloa». Hazte Oír se refiere expresamente a que «cada día se conocen más informaciones respecto al posible uso del Falcon» por parte del presidente del Gobierno «para fines personales».
«Una de las claves de esta reforma es el intento de clasificar como secretos los datos sobre los vuelos, usos y pasajeros del Falcon y otros medios oficiales», destaca la asociación, para la que no es casualidad que Pedro Sánchez «lleva años intentando silenciar cualquier información relativa al uso de estos recursos públicos, tanto por él como por su entorno».
«No hablamos solo de viajes de lujo o abuso de privilegios», asegura Hazte Oír, para la que «hay indicios suficientes para sospechar que determinados vuelos podrían estar vinculados a actividades de interés judicial», algo que considera que hay que investigar «a fondo», por lo que anuncia que impulsará «todas las acciones legales necesarias».
Para la asociación denunciante la intención del Ejecutivo es declarar secreto «todo lo que puede resultar incómodo, incluso cuando pueda ser relevante para una investigación penal». «Ataca a los medios que informan, a los periodistas valientes y busca ampararse en una ley para blindarse frente a futuras imputaciones», hace hincapié.
Una iniciativa cuyo objetivo -destaca- es «lograr la impunidad» y «acallar a los ciudadanos, obstaculizar a los jueces y desactivar a los medios, justo cuando más cerca estamos de conocer la verdad sobre los escándalos que rodean al presidente del Gobierno».
