La Administración encabezada por Montero ha incrementado hasta un 10% las provisiones frente al año anterior, especialmente por las devoluciones que tiene que hacer a los pensionistas que en su día cotizaron a las antiguas mutualidades laborales, según la Cuenta General de la Administración del Estado de 2024.
Hacienda dotó en las cuentas del ejercicio 2023 un total de 1.700 millones de euros para pagar a los mutualistas y, un año después, ha guardado otros 3.555 millones para devolverles el IRPF tributado de más. El Congreso de los Diputados dio luz verde en julio a la ley para devolver este año a los pensionistas en un único pago todo el dinero pendiente. Es decir, la cuantía correspondiente a la Renta de 2024 y los años previos no prescritos.
Sin embargo, el grueso de devoluciones que afronta son por autoliquidaciones presentadas por ciudadanos y empresas en 2024 y ejercicios anteriores sobre las que, a 31 de diciembre, no se dictaron los correspondientes acuerdos de liquidación. La hucha para hacer frente a estas devoluciones asciende a 11.716 millones de euros, casi un 4% más que el año anterior. Hacienda también tiene que devolver 800.000 euros a las empresas por la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2024 que anuló el Real Decreto-ley de 2016 del exministro Montoro para endurecer el Impuesto de Sociedades. En este aspecto, el fisco ha cogido más velocidad en los pagos, puesto que el ejercicio previo dotó 1.200 millones para devolver a las compañías parte de las pérdidas que no pudieron compensarse en los últimos años o deducciones por doble imposición sin aplicar.
Asimismo, al igual que en 2023, mantiene una dotación de 59 millones para devolver activos fiscales diferidos y, por el contrario, ha incrementado un 45%, hasta los 1.621 millones, los fondos para hacer devoluciones a los contribuyentes por reclamaciones ante los tribunales económicos-administrativos, lo que evidencia el incremento de la litigiosidad en los últimos años.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda mantiene intacta la provisión de 1.480 millones para responder por la devolución del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a los operadores de telefonía móvil. El Tribunal Supremo falló en julio de 2022 que el cobro de este impuesto era contrario a la Directiva europea sobre la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. La Corte señaló que el impuesto solo tenía un fin recaudatorio, era discriminatorio por el diferente cobro que se hacía a los operadores y obstaculizaba el desarrollo del sector y la libre competencia.
Por otro lado, la Administración ha dotado 197 millones de euros para hacer frente a otras cuestiones como los recursos interpuestos por ciudadanos extranjeros reclamando devoluciones del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) o para cualquier otro conflicto del que deba responder a nivel contable el Ministerio de Hacienda. Finalmente, y como novedad, se refleja una provisión de 53 millones de euros para afrontar las responsabilidades derivadas del recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid por las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica de 2019.
