Según explica el Partido Popular, diversos juzgados recibieron «notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo». Asimismo, afirman que la propia Fiscalía ha reconocido esta situación ocasionando «sobreseimientos provisiones y absoluciones de maltratadores».
«Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede a abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones respecto al derecho comunitario», ha expresado la eurodiputada Estarás.
Rosa Estarás advierte también que España podría haber vulnerado hasta cuatro normas comunitarias como las directivas que obligan a garantizar medidas de protección efectivas a las víctimas de delitos, la relativa a la Orden Europea de Protección (OEP), la norma sobre contratación pública por no asegurar la continuidad de un servicio esencial, así como la Directiva que regula la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.
