Consideran «imprescindible» para la investigación conocer si pudieron ser receptores de «cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere».
En un oficio remitido al Juzgado de Instrucción número 2, al que ha tenido acceso El Independiente, los agentes indican que, dentro de su ámbito de responsabilidad, ambos fueron «facilitadores de asistencia» para las «exitosas adjudicaciones proyectadas». La Guardia Civil enmarca esta petición en la fase actual de análisis de la información intervenida en los registros de sus domicilios y en los requerimientos realizados al Ministerio de Transportes y a ADIF.
Según explican, resulta necesario completar ese material con un estudio económico y tributario que permita contextualizar la documentación incautada. Para ello, la UCO solicita al magistrado instructor, Ismael Moreno, que emita mandamientos judiciales a distintas entidades bancarias con el fin de obtener la información sobre las cuentas de ambos ex altos cargos.
La Guardia Civil concreta en su oficio que pide a una docena de bancos datos sobre cuatro cuentas de Pardo de Vera y una treintena de Herrero, en las que habrían figurado como titulares, autorizados o representantes. Reclama también a la Agencia Tributaria un informe sobre ambos entre 2017 y 2024 con información sobre movimientos de dinero, bienes inmuebles en España o en el extranjero, participaciones societarias, declaraciones fiscales, donaciones y posibles cajas de seguridad.
En el caso de Herrero, los investigadores destacan su vinculación con dos sociedades: como autorizado en cuentas de la mercantil Polis Project, S.R.L.U., dedicada a servicios de ingeniería y asesoramiento técnico, y como titular real de Palta Naturae S.L., orientada al cultivo de frutos tropicales y subtropicales. En cambio, descartan de la investigación las cuentas relacionadas con ADIF y con la comunidad de propietarios Villa Coral, por entender que carecen de relevancia.
El oficio de la UCO conecta esta petición con los indicios que también ha valorado el Tribunal Supremo en relación al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que mantiene una pieza por su condición de aforado. Según el magistrado instructor de la Sala Segunda, Pardo de Vera y Herrero habrían contribuido a que adjudicaciones impulsadas desde el Ministerio pudieran salir adelante siguiendo directrices que Ábalos trasladaba a través de su exasesor Koldo García.
Tanto la expresidenta de ADIF como el exdirector general de Carreteras negaron en su declaración judicial el pasado julio cualquier participación en amaños de contratos.
