La Cámara Alta requerirá así al Ejecutivo de Pedro Sánchez a depositar unas nuevas cuentas públicas en el Congreso en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar el choque institucional al Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a presentar los Presupuestos para 2026 antes de que acabe el año. Pero la oposición desconfía de su palabra y moverá ficha para elevar la presión sobre La Moncloa emprendiendo el séptimo choque entre órganos constitucionales de la legislatura. Este será el primero que el Senado dirige exclusivamente contra el Gobierno en casi 50 años de democracia. El PP argumenta en su propuesta de 20 páginas, cotejada por Servimedia, que el Ejecutivo está incurriendo en «una inconstitucionalidad por omisión» porque, al no presentar Presupuestos, desoye la obligación establecida en el artículo 134.1 y 134.3 de la Constitución, e «impide» al Senado ejercer la función constitucional de control que le atribuye el artículo 66.2 de la Carta Magna.
Bajo esta tesis, el PP alega que el Gobierno «se está arrogando una competencia que no le corresponde», el de autorizar gastos no autorizados por las Cortes Generales para el siguiente año natural, a través del «abuso de la prórroga» presupuestaria.
En este sentido, sostiene que «la prórroga sucesiva y concatenada, arrastrada año tras año», del Presupuesto de 2023 es «inconstitucional, desvirtúa la anualidad del Presupuesto que se convierte en plurianual» y supone «un uso fraudulento del mecanismo de la prórroga para evitar la aprobación parlamentaria de unos nuevos Presupuestos que, por definición, han de ser anuales».
En paralelo, el PP denuncia en el texto que saldrá adelante que el Gobierno de Sánchez se encuentra en «una situación insostenible de déficit democrático» porque no ha logrado el «aval parlamentario» para gobernar con unas cuentas públicas en los dos años y medio que lleva en marcha la legislatura. «Está gobernando con los Presupuestos de otro gobierno y de otra legislatura avalados por unas Cámaras de composición distinta», constata la oposición, que insiste en que «no resulta legítimo llevar dos años con un Presupuesto prorrogado e ir camino del tercero, pues eso es incompatible con la obligación de aprobar unos nuevos Presupuestos ‘en el plazo más breve posible’, como exige el Tribunal Constitucional».
Además, subraya que la negativa del Gobierno a presentar las cuentas públicas constituye un incumplimiento simultáneo de la Ley General Presupuestaria y de la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por estas razones, el PP usará su mayoría absoluta para que el Pleno del Senado apruebe el conflicto de atribuciones y requiera al Gobierno a «que revoque su omisión de elaborar el Proyecto de Ley de Generales del Estado para el año 2026 y proceda a su elaboración y remisión al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 134.1 y 3 de la Constitución». Si el Ejecutivo no contesta en el plazo de un mes o ignora al Senado, el PP podrá entonces elevar el choque al TC, que se vería obligado a pronunciarse.
El Tribunal Constitucional ha reconocido la figura de la «inconstitucionalidad por omisión» en su doctrina, pero cargos del PP consultados por Servimedia dan por hecho que el margen de actuación del Alto Tribunal está limitado a constatar que existe una actuación del Gobierno contraria a la Carta Magna. Es decir, que el Constitucional podría pronunciarse en contra de la forma de proceder del Ejecutivo de Sánchez, pero solo le recordaría la obligación de presentar Presupuestos tres meses antes de que acabe el año, sin obligarle en ningún caso a hacerlo.
Sánchez, que ha compartido en varias ocasiones su intención de gobernar hasta 2027, podría ser el primer presidente del Gobierno que no presenta unos Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura o que, al menos, que no los aprueba.
