Así lo ha desvelado del Águila, responsable de Seguridad Social e Igualdad del Departamento de Empleo, Protección Social e Igualdad de CEOE durante un encuentro de prensa organizado por Mutua Madrileña. Así, según Del Águila, este año «apenas» se han superado «los 500» nuevos convenios colectivos, lo que correspondería a un desplome cercano al 50% (la mitad) en comparación con el año anterior. Un enfriamiento de la negociación colectiva que cada vez se hace más evidente y que tiene su causa en la presión que ejerce Trabajo.
En ese sentido, la responsable de CEOE ha puesto en valor la importancia de la negociación colectiva. Sin embargo, ha recordado que «el contexto no acompaña», algo que se demuestra «con ver los números de creaciones o de firma de convenios colectivos de este año y del año pasado». «El año pasado nos estábamos acercando a los mil convenios colectivos nuevos. Este año apenas hemos superado los 500», ha lamentado Del Águila. Según ella, esta situación se debe a la «inseguridad jurídica en cuanto a la regulación de la estructura salarial».
«Hemos visto cómo los convenios sectoriales se han visto perjudicados, disminuidos, por la reforma de la prioridad aplicativa de los convenios», ha resaltado la responsable de la organización empresarial.«El planteamiento de una estructura salarial, incorporando unos compromisos de pensiones, exige una seguridad jurídica y una coherencia regulatoria a medio y largo plazo. Es básico y nos estamos encontrando todo lo contrario», ha revelado la representante.
Una situación que persiste e, incluso, se agrava: «No saber qué situación regulatoria vamos a tener en el 2026, por supuesto, impide o dificulta sobremanera la asunción de estos compromisos salariales». Este ha sido desde el principio el modelo de Yolanda Díaz, algo que se comprobó de manera fehaciente con su forma de llevar a cabo las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI).
En ese sentido, la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ya ha advertido al Ejecutivo socialista que sea prudente con las próximas subidas de la retribución más baja.
Así, la OCDE ha recordado en su último informe que el SMI ha experimentado un fuerte aumento, alcanzando los 1.184 euros mensuales en 2025, lo que supone un incremento del 4,4% desde 2024, con una subida acumulada del 60,9% desde 2018 en términos nominales y del 30,2% en términos reales.
De tal modo, si bien la OCDE subraya que esta trayectoria «contribuye a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con bajos ingresos», advierte de que el ritmo de subida del salario mínimo en España supera la inflación y el crecimiento de la productividad.
«La evidencia previa sugiere efectos limitados o poco claros sobre el empleo», añade la organización con sede en París, que, sin embargo, apunta que, dado que el salario mínimo en España ha aumentado significativamente, «podrían empezar a observarse efectos negativos sobre el empleo».
