El entorno institucional en el que operan las empresas desempeña un papel clave en el desarrollo económico. La calidad de las instituciones, y en particular del marco regulatorio, influye directamente en la capacidad de crecimiento de un país, explican desde el Banco de España. Parece comprobado que cierta regulación resulta esencial para una actividad económica ordenada y, bien diseñada, puede corregir las deficiencias del mercado. Por ejemplo, los conocidos en jerga económica como los fallos de mercado, siendo el monopolio o la información asimétrica algunos de lo más conocidos y dañinos.
Sin regulación, una empresa muy eficiente, competitiva y cada vez más poderosa podría ir adquiriendo a la competencia hasta hacerse con un sector y generar grandes barreras de entrada. En ese momento, dicha empresa podría imponer unos precios mucho más elevados, que los consumidores tendrían que soportar, respecto a los que habría en un mercado en competencia perfecta. Además, la falta de competencia podría terminar lastrando la productividad y la economía en su conjunto. La regulación y las instituciones que defienden la competencia deben evitar que se generen monopolios u oligopolios para lograr un mercado competitivo donde los márgenes de beneficio tienden a ser más bajos, mientras que se maximiza la utilidad para el consumidor y se reduce para las empresas.
Otro fallo de mercado habitual que tiende a corregir la regulación es el de información asimétrica. Siempre hay un agente que tiene más información que otro y puede utilizar esa información para sacar beneficios. Las regulaciones y supervisión de las salidas a bolsa (OPV) o cuando un trabajador en una sucursal bancaria intenta vender un producto financiero intentan reducir esta información asimétrica, aportando ciertas garantías para el consumidor y forzando al agente que tiene más información a cumplir ciertos requisitos.
Con todo esto se intenta mostrar que cierta regulación es positiva para la economía e incluso apoya o fomenta el buen funcionamiento del libre mercado. Sin embargo, cuando se genera un exceso de regulación, el resultado puede ser incluso el opuesto. Algunos agentes pueden aprovechar el buen conocimiento de una compleja regulación para sacar beneficio, por ejemplo. Pero no solo eso, «cuando la regulación se acumula sin una planificación adecuada o se vuelve excesivamente compleja (por ejemplo, debido a la fragmentación regional), puede actuar como una barrera para el emprendimiento y obstaculizar el crecimiento de las empresas y de la economía en general.
¿Cuál es la situación en España?», se pregunta este análisis del Banco de España basado en un trabajo del economista Juan S. Mora-Sanguinetti. Este experto explica que, desde la transición a la democracia, el sistema jurídico español ha generado más de 400.000 nuevas normas. Pero quizá lo más grave no es lo que ha sucedido, sino lo que está por venir. «La actividad regulatoria ha seguido una trayectoria ascendente, junto con un creciente número de referencias cruzadas entre normas. Entre 1979 y 2021, los distintos niveles de gobierno de España aprobaron 411.804 normas. Solo en 2022 se aprobaron 11.775 nuevas normas, lo que equivale a 32 al día o una cada 45 minutos. El número de normas emitidas cada año se ha cuadriplicado desde la transición democrática».
Tal exceso de regulación plantea desafíos operativos para las empresas, especialmente las pequeñas, asegura Mora-Sanguinetti. Las empresas,los autónomos y los emprendedores se enfrentan a una creciente carga administrativa y a una posible incertidumbre o inconsistencia en el panorama regulatorio. Estos agentes no suelen contar con un departamento especializado en derecho o regulación que les pueda ayudar a superar estas trabas. De este modo, la regulación termina generando un impacto contrario al que en un principio busca. El exceso de regulación ayuda a las grandes empresas que pueden permitirse tener departamentos especializados en lidiar con estas regulaciones, mientras que las pequeñas se atascan y se ahogan. El resultado puede ser, paradójicamente, un ‘fallo de mercado’ comentado anteriormente como el oligopolio. Solo sobreviven un puñado de grandes empresas que apenas tienen competencia, no porque produzcan bienes y servicios muy buenos, sino porque son las que pueden navegar en la maraña legislativa.
Este economista asegura que, en España, la regulación varía tanto entre sectores como entre diferentes regiones, cuya producción normativa se muestra en el mapa. Esto se evidencia no solo en el volumen de la regulación, sino también en su fragmentación y sus características específicas. Como resultado, las empresas se enfrentan a una disparidad significativa en los requisitos legales y administrativos según dónde operen y en qué sector.
El mapa muestra una elevada fragmentación regulatoria en España, con diferencias muy significativas entre comunidades autónomas en el número medio anual de regulaciones sectoriales. Destacan claramente Cataluña y Andalucía, con valores muy superiores al resto (772 y 682, respectivamente), lo que apunta a una mayor intensidad normativa y, potencialmente, a mayores barreras regulatorias para la actividad económica. En un segundo escalón aparecen comunidades como la Comunitat Valenciana, Galicia o Castilla y León, con cifras intermedias (en torno a 550–580), mientras que regiones como Madrid, Navarra, País Vasco o Baleares (entre las regiones más ricas del país) presentan niveles sensiblemente más bajos, por debajo de 400 en muchos casos. Correlación no implica causalidad, pero lo cierto es que las regiones con una regulación menos densa presentan al mismo tiempo una mayor prosperidad y, quizá, unas mayores tasas de emprendimiento.
El patrón territorial sugiere que la carga regulatoria no solo es elevada en términos agregados, sino también muy desigual, lo que contribuye a un entorno de heterogeneidad normativa que dificulta la unidad de mercado, eleva los costes de cumplimiento para empresas y profesionales y refuerza la percepción de inseguridad jurídica al operar en distintas autonomías.
Llegados a este punto el estudio cuantifica el impacto de una forma entendible y que revela el daño que puede hacer el exceso de regulación. En España, un aumento del 10% en el volumen de regulación conlleva una caída del 0,5% del empleo en las empresas con menos de 10 trabajadores. Además, la coexistencia de diferentes normativas en cada región (la denominada fragmentación regulatoria) puede incrementar los costes de cumplimiento para las empresas, obstaculizar la expansión territorial y reducir la eficiencia del mercado interior. Esto puede afectar especialmente a las pymes (se abre en una ventana nueva), ya que a menudo carecen de servicios de asesoría legal que les permitan operar en varias regiones simultáneamente». Sin embargo, Mora-Sanguinetti argumenta que cuando las normativas nacionales y regionales están armonizadas, las empresas tienden a innovar más. Es necesario coordinar, evaluar y simplificar las regulaciones. Por el contrario, «la complejidad regulatoria también limita la capacidad de innov
En definitiva, la regulación es necesaria y debe facilitar el funcionamiento ordenado de la actividad económica. «Reducir la maraña regulatoria no solo reduciría los costes para las empresas existentes, sino que también fomentaría la entrada de nuevas empresas y emprendedores, así como el crecimiento de proyectos innovadores. En definitiva, avanzar hacia un entorno regulatorio más eficiente puede contribuir a mejorar la productividad, la competitividad y el bienestar económico general».
