En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid libra oficio a la Policía Científica para que analice los audios de las reuniones que mantuvo la bautizada como fontanera de la formación socialista con el fiscal Ignacio Stampa y con el empresario Alejandro Hamlyn.
El magistrado Arturo Zamarriego reclama que «se informe si ambas grabaciones pudieron ser objeto de manipulación» y así poder verificar la integridad del material probatorio.
El instructor toma esta decisión después de que la propia Díez, a través de su abogada, solicitase la anulación de los dos audios en los que se recogen los encuentros. La exmilitante socialista puso en duda que fuese ella a la que se oye hablar, defendió que no se podía descartar que hubiesen sido editados y apeló a que se habrían vulnerado, con ellos, varios de sus derechos fundamentales.
El juez Zamarriego rechazó dejar fuera de la investigación este material y señaló la necesidad de someterlo a una pericial técnica para «valorar las circunstancias concretas en que se produjeron las grabaciones».
El que fuera fiscal del «caso Villarejo» entregó la grabación al magistrado y en ella se escucha supuestamente cómo Díez le ofrece beneficios laborales a Stampa, a cambio de informaciones comprometedoras sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que era su compañero en esta unidad del Ministerio Público, el fiscal José Grinda, y del que fuera instructor del «caso Tándem», el magistrado (ahora retirado) de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Que, además, está personado como perjudicado en esta causa.
El otro audio fue entregado por «El Confidencial» en sede judicial y recoge el videoencuentro que mantuvo Díez con Hamlyn, acompañada de Javier Pérez Dolset y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo. Durante su reunión, Díez habría ofrecido un ventajoso pacto con el Ministerio Fiscal al empresario huido de la Justicia por un fraude millonario en el IVA del sector de los hidrocarburos.
La antigua miembro del Partido Socialista habría buscado en Hamlyn «trapos sucios» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, en especial, sobre el teniente coronel Antonio Balas, el mando sobre el que ella dijo que «si está muerto, mejor».
De hecho, Pérez Dolset, también imputado en este procedimiento por delitos de cohecho y tráfico de influencias, se opuso recientemente a que Balas pudiese ostentar en el caso la condición de víctima. El juez Zamarriego respondió a la nulidad planeada por Díez que no era aún el momento de pronunciarse sobre la validez de las pruebas, sin antes llevar a cabo el estudio técnico que ahora encarga.
Y derivó la valoración de si pudo existir con las grabaciones una «eventual vulneración de un derecho fundamental» a la audiencia preliminar que se celebra al comienzo de la fase de juicio oral, cuando se da por finalizada la actual fase de instrucción. «No antes ni después», le remarcó.
La abogada de la investigada expuso todo tipo de argumentos jurídicos para intentar tumbar los audios, de los que dijo, incluso, que tienen un «origen ilícito». En el caso del de Stampa, porque asegura que fue grabada por un «funcionario» en el marco de una «investigación extraprocesal y prospectiva». Por otro lado, sostuvo que el contenido del encuentro con Hamlyn estaría protegido por el secreto profesional de Teijelo.
