En concreto, el organismo ha sancionado a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, al considerar acreditado que aprovecharon su posición de dominio en el mercado mayorista de combustibles de automoción para estaciones de servicio a escala nacional.
Según la CNMC, el derecho de la competencia exige que las empresas con una posición dominante actúen con una especial responsabilidad para no restringir la competencia. En este caso, la conducta afectó a la venta de gasóleo A a estaciones rivales que posteriormente suministran este combustible a clientes profesionales, principalmente transportistas. El supervisor ha concluido que varias sociedades del grupo desplegaron una estrategia incompatible con esa posición dominante con el objetivo de ganar volumen frente a sus competidores y revertir la pérdida de ventas y cuota de mercado registrada desde 2019.
La práctica consistió en incrementar de forma generalizada el precio mayorista de los combustibles vendidos a estaciones independientes y, al mismo tiempo, aplicar en la red de gasolineras de Repsol descuentos adicionales a los previstos por el Gobierno para los clientes profesionales que repostaran gasóleo.
Esta política se llevó a cabo entre abril y diciembre de 2022, en un contexto marcado por el alza del precio de los carburantes tras la invasión de Ucrania por Rusia. Durante seis meses de ese año, el precio del gasóleo A superó por primera vez al de la gasolina en España.
Como consecuencia, determinadas estaciones independientes redujeron drásticamente su volumen de ventas a profesionales, mientras que Repsol incrementaba tanto sus ventas como su cuota de mercado.
La CNMC subraya que la conducta reviste especial gravedad porque los competidores afectados eran, en muchos casos, estaciones de bajo coste que contribuían a dinamizar el mercado en zonas de alta demanda, como áreas fronterizas o corredores estratégicos de transporte por carretera.
Además de la sanción económica, la CNMC ha acordado prohibir a Campsa, Solred y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos presentarse a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A durante un periodo de seis meses. Del pago de la multa responderán solidariamente estas sociedades junto con sus matrices, Repsol Customer Centric y Repsol. El expediente tiene su origen en varias denuncias de asociaciones del sector, tras las cuales el organismo inspeccionó en 2022 las sedes de distintos operadores de hidrocarburos y abrió en diciembre de 2023 un procedimiento sancionador por un posible abuso de posición de dominio. Contra la resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación.
Por su parte, Repsol ha rechazado «de forma tajante» la sanción anunciada por la CNMC y sostiene que la decisión «se apoya en un relato parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho», que no acredita ni posición de dominio ni efectos de exclusión en el mercado. La compañía asegura que actuó «con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria» y subraya que es la primera vez que se sanciona a una empresa por aplicar descuentos —superiores a 450 millones de euros— que fueron comunicados públicamente y supervisados por la Administración. Asimismo, advierte de que sancionar «una conducta legal y supervisada» puede limitar los descuentos futuros y desincentivar respuestas empresariales ante crisis. Según la empresa, los descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022 y su aplicación fue supervisada por la propia CNMC.
Repsol califica la resolución de «arbitraria» y sostiene que el mercado mayorista de gasóleo A es abierto y competitivo. Afirma que su cuota se situó en torno al 25% en 2022 y que «nunca en la historia del derecho de la competencia se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas por debajo del 30%». La energética también asegura haber acreditado que no hubo exclusión de competidores ni salidas del mercado y que algunos operadores incluso aumentaron ventas y resultados durante el periodo analizado. Además, destaca que el peso de las estaciones independientes ha seguido creciendo y que a finales de 2024 representaban el 45% del total en España.
Por último, la compañía señala que no se hace referencia al fraude en el expediente pese a las denuncias presentadas y anuncia que hará valer estos argumentos en su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. «Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón», concluye.
