El conflicto judicial se remonta al acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de agosto de 2024, por el que el Gobierno rechazó autorizar la entrada de capital extranjero en Talgo por parte del ‘holding’ húngaro. Ante esta situación, el consorcio de Pegaso, que integran el fondo británico Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, recurrió a la justicia para exigir el acceso de los documentos que justificaron el veto bajo la premisa de «seguridad nacional».
Durante la tramitación del procedimiento, parte del expediente administrativo fue declarado ‘reservado’ por el Ejecutivo. Ante esta circunstancia, la Sala dictó una providencia el pasado 4 de diciembre estableciendo que las partes -Pegaso y Ganz-Mavag, como codemandada- podrían examinar dicha documentación bajo determinadas cautelas y garantía. La Administración recurrió esta decisión al considerar que el acceso a los documentos no debía extenderse a Ganz-Mavag, ya que la empresa mantiene otro procedimiento judicial en el que impugna precisamente la declaración de reserva de esos mismos documentos.
Sin embargo, en un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, fechado el pasado 29 de enero, el Auto Tribunal desestima su recurso de reposición al sostener que el procedimiento sobre la clasificación de los documentos como reservados tiene «sustantividad propia» y no condiciona la regulación del acceso acordada en esta causa. En su resolución, el tribunal también alega que impedir a Ganz-Mavag acceder al expediente en igualdad de condiciones que las otras partes procesales sin que existan razones que lo justifique vulneraría «el principio de igualdad de armas y su derecho a la tutela judicial efectiva».
Cabe precisar que la oferta húngara por Talgo ascendía a 5 euros por acción que valoraban el 100% del fabricante de trenes en torno a 619 millones de euros y sí recibió el plácet de Pegaso, pero el Gobierno enfrió las expectativas del consorcio -dueño entonces del 29,76% del capital- de vender sus acciones a un precio superior a los 4,25 euros por título que finalmente acordó con el Gobierno vasco con las fundaciones vascas BBK y Vital y el fondo público Finkatuz y el escaparte empresarial de la sociedad Clerbil, de José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor.
Desde Talgo se observa desde el retrovisor este proceso, después de haber consumado el relevo en su estructura accionarial y directiva, resuelta con la entrada del consorcio vasco de la mano de la SEPI y el nombramiento de Jainaga como nuevo presidente del consejo en favor de la dimisión de Carlos de Palacio y Oriol. Los nuevos propietarios del grupo ferroviario dieron el último paso para controlar la compañía hace dos semanas, cuando ataron el apoyo de sus accionistas en la primera junta celebrada en su regreso a Euskadi.
