Si bien las bases de datos policiales y administrativas funcionan con normalidad, esta incidencia afecta al programa que realiza el descarte automático de solicitudes de antecedentes, lo que obliga a que los agentes hagan esas comprobaciones de forma manual.
Antes de que el sistema dejase de funcionar, las unidades especializadas de determinadas provincias gestionaban una media diaria de entre 100 y 200 consultas de antecedentes. Desde la caída del filtrado automático, el volumen se ha multiplicado hasta situarse entre 1.000 y 2.000 consultas diarias. En regiones como Barcelona, la acumulación de expedientes pendientes se aproxima a los 30.000, pese a que se han tramitado más de 10.000 expedientes urgentes mediante un esfuerzo extraordinario de las plantillas. Una situación técnica que podría comprometer el proceso de regularización exprés anunciado por el Gobierno si no se adoptan las medidas necesarias.
Según esgrimen fuentes policiales, la Dirección General de la Policía se ha comprometido a solventar el problema en las próximas horas. Cada consulta manual implica un análisis completo a nivel del Sistema de Seguridad, con verificación en las distintas bases policiales nacionales y autonómicas. No se trata de un trámite meramente administrativo, sino de una comprobación directamente vinculada a la seguridad pública. La Policía Nacional está garantizando que ningún expediente sea informado sin la verificación correspondiente. Sin embargo, esta sobrecarga estructural tiene consecuencias evidentes en los tiempos de tramitación y aumenta todavía más la sobrecarga de trabajo en Extranjería.
La regularización extraordinaria de al menos 500.000 inmigrantes que residen en España —que comenzará previsiblemente en abril— amenaza con colapsar las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. En el cuerpo, advierten diversas fuentes policiales, existe una gran preocupación por el impacto operativo y funcional que supondrá la medida anunciada por el Gobierno y Podemos. La tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia, la revisión de situaciones administrativas, la comprobación de identidades y la verificación de requisitos legales recaerán principalmente sobre estos agentes, integrados en plantillas ya de por sí saturadas en la mayor parte del territorio nacional.
Desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF), custodios del proceso, las fuentes consultadas alertan de que los recursos son insuficientes y advierten de que los plazos anunciados por el Gobierno son imposibles de completar si no se incrementan los efectivos. La previsión es que el papeleo pueda tramitarse en un máximo de tres meses. Para las Brigadas y Grupos de Extranjerías, asumir de golpe cientos de miles de expedientes adicionales implicará retrasos, acumulación de trámites y sobre todo «una menor capacidad de control y de funciones esenciales como la investigación de redes de inmigración ilegal, la lucha contra la trata de seres humanos o el control documental».
Esto último resulta clave para la puesta en práctica del programa de regularización. En el Gobierno, sin embargo, se ha pasado por alto, según denuncian fuentes policiales. De hecho, hay un gran malestar entre los altos mandos de la Policía porque no se ha contado con la opinión de los mayores expertos de Extranjería sobre el asunto. Ni de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ni del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). «No se ha aportado un solo informe de inteligencia criminal. Hay muchísimo cabreo. Esto va a ser un coladero para la seguridad: va a entrar delincuencia, va a haber matrimonios de conveniencia… Esa es la tendencia. Pero vamos a dejar de estar operativos en la Comisaría General, porque nos tenemos que poner a hacer toda la documentación», denuncian estas mismas fuentes.
