El texto, deposita en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la responsabilidad de controlar el registro de medios de comunicación y sancionar los incumplimientos.
Este paso supone el inicio de la tramitación de la ley con la que el Ejecutivo quiere actualizar la norma de 2005 con el fin de adecuarla al reglamento europeo sobre medios de comunicación, conocido por sus siglas EMFA. Lo que significa que el texto tardará meses en llegar al Congreso de los Diputados, dado que antes tiene que ser sometido a consulta pública, recibir los informes que elaboren tanto los órganos consultivos del Gobierno -como el Consejo de Estado- como el resto de ministerios y volver a ser estudiado en una reunión del Consejo de Ministros, donde sería enviado a la Cámara Baja.
El Gobierno ha presentado esta medida como parte del Plan de Acción por la Democracia diseñado en septiembre de 2024 y que está dirigido a medios de comunicación, partidos políticos y al poder legislativo, entre otras instituciones.
El anteproyecto incorporará nuevos requisitos para los procesos de contratación pública de espacios en los medios de comunicación, como la exigencia de hacer públicas las tarifas ofertadas en función del soporte o el periodo por el que son contratados los servicios. Los medios interesados en difundir campañas de publicidad y acciones de comunicación del sector público estatal tendrán que comunicarlos a la Comisión de Publicidad y Comunicación, para que estos precios sean tomados como máximos a la hora de contratar servicios desde el sector público.
