La portavoz del grupo nacionalista catalán en el Congreso, Nogueras, confirmó su ‘sí’ a Sánchez este mismo martes en una entrevista en la televisión pública catalana TV3. Pero Nogueras ya adelantó hace días que se mostraba satisfecha con lo aprobado por el Gobierno: «Recoge casi todas nuestras peticiones», decía la líder de la derecha catalana en el Congreso. La combinación de una rebaja fiscal notoria en la luz y los combustibles, sobre todo a los profesionales, y la desvinculación de la congelación de los alquileres en otro real decreto aparte, promovido por el socio de coalición progresista, Sumar, es lo que ha motivado a Junts a dar su respaldo al paquete de medidas anticrisis de Sánchez. A diferencia de su habitual tensión hasta el último momento, los de Nogueras han decidido romper su ‘modus operandi’ de ir ‘sobre la bocina’ para aprobar medidas propuestas por el Gobierno y brindarle su apoyo desde casi el primer minuto de la publicación del Real Decreto Ley en el BOE.
El hecho de que Nogueras afirmase que el Real Decreto anticrisis recoge «casi todas» las peticiones de Junts es porque no incluye el ‘IVA franquiciado’. Esta transposición de la directiva europea que se aprobó en 2020 y que España debía haberla aplicado antes de que arrancase 2025, se ha convertido en una condición para ese ‘sí’ al Real Decreto que este jueves entra en la Cámara Baja para debate y aprobación. Nogueras no dejó escapar la ocasión para condicionar al Gobierno a que ejecute esta norma europea a cambio de su voto a favor para poner en marcha una norma que ya está en vigor en gran parte de los Veintisiete. El hecho de que España no cumpliese con los deberes comunitarios en esta materia llevó a que la Comisión Europea llevase al país ante el TJUE, reclamando sanciones que pueden ser superiores a los 30 millones y una multa diaria por no permitir que autónomos y pequeñas y medianas empresas que facturen menos de 85.000 euros no tengan que tributar el IVA.
Pero Junts no son los únicos que le exigen a Sánchez que trasponga el ‘IVA franquiciado’, ya que el Partido Popular lleva meses exigiendo al Ejecutivo que aplique la norma.
