«Es un acuerdo con los sindicatos y hay que desarrollarlo con todos los ministerios, pero la Administración General del Estado aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril», ha confirmado el ministro. Ahora, el Ministerio de Función Pública publicará una resolución sobre jornada y horarios en un plazo máximo de 15 días, y su aplicación se negociará en cada ámbito que cuente con mesas de negociación específica, como es el caso de Instituciones Penitenciarias.
Se trata de una medida que beneficiará a 246.500 empleados públicos que forman parte del colectivo de funcionarios, estatutarios y personal laboral de la Administración General del Estado. Con el acuerdo, se adaptarán las jornadas en régimen de especial dedicación (aquellos empleados que trabajen 40 horas pasarán a hacerlo 37 horas y media) y en la intensiva de verano. Asimismo, las jornadas y horarios especiales se adaptarán a través de la negociación negociación en los ámbitos correspondientes. Todo ello, con el fin de garantizar la reducción de la jornada con la prestación de los servicios públicos.
Según ha confirmado CCOO en un comunicado, la propuesta inicial de Función Pública era limitar la aplicación de las 35 horas semanales al personal que trabaja de lunes a viernes, y excluir al que contaba con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla. Se trataba de una propuesta que desde los sindicatos no podían avalar: «No existe ninguna norma legal que justifique que teniendo el mismo empleador, que es el Estado, una parte de la plantilla realizase 1.533 horas anuales y otra parte más de 1.642 horas anuales, generando una discriminación en el régimen estatutario y empeorando las condiciones laborales de las personas excluidas», han señalado desde el sindicato encabezado por Unai Sordo.
Por su parte, CSIF celebraba también en un comunicado que emitió a los medios de comunicación que dentro de esta jornada laboral de 35 horas se incluyera a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias, sanitarios y de educación, aunque defendía la necesidad de reducir proporcionalmente las jornadas laborales especiales, para pasar de 40 a 37,5 horas. El primer sindicato en mostrar su apoyo al acuerdo fue UGT. Una vez llegado al acuerdo sobre las 35 horas, el sindicato que encabeza Pepe Álvarez señaló que «solo respaldará una oferta pública de empleo que garantice la compatibilidad entre la implantación de la nueva jornada y la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía», celebrando que «este acuerdo consolida una reivindicación histórica».
Desde hace varios meses, el Ministerio de Función Pública trabajaba en las negociaciones con los sindicatos para definir los trabajadores que entrarían en la jornada de 35 horas y cómo se implantaría en la administración. Ahora, la jornada laboral de 35 horas a la semana comenzarán a ser una realidad para los trabajadores de la Administración General del Estado en, aproximadamente, 15 días.
