El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades, llegando a calificar el nuevo plan de vivienda de «ideológico».
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad; el desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes; la rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad; y la reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
El texto, , que recoge aportaciones de las autonomías, llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto a los planes iniciales de la cartera de Isabel Rodríguez, que preveía aprobarlo al cierre del año pasado, pero que lo pospusieron para trabajar en el acuerdo con las comunidades autónomas.
El plan verá la luz este martes como un Real Decreto, por lo que no deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
