El plan contempla destinar el 40% de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Este punto fue uno de los más criticados por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP), que aseguraron que la exigencia de financiación rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las comunidades, llegando a calificar el nuevo plan de vivienda de «ideológico».
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes principales:
• El impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública.
• La rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad.
• El desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes.
• La rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad.
• La reversión de situaciones en las zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda.
El texto, que recoge aportaciones de las autonomías, llega al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto a los planes iniciales de la cartera de Rodríguez, que tenía previsto aprobarlo al cierre del año pasado, pero que se pospuso para trabajar en el acuerdo con las comunidades autónomas.
El plan verá la luz este martes como un Real Decreto, por lo que no deberá contar con el aval del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
Algunas de las novedades que recoge el nuevo Plan Estatal de Vivienda son las ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros o ayudas de más de 10.800 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico.
Según se recoge en el borrador, se incrementa la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros al mes, respecto a los 250 euros mensuales actuales; se conceden una ayuda de hasta 250 euros mensuales para el alquiler de vivienda habitual, así como ayudas para el alquiler a colectivos especiales, como víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
Además, según desgranó la ministra esta semana, el plan recoge ayudas a la rehabilitación para actuaciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda. Igualmente, se crearán unas ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial, un mínimo cinco años, a un precio asequible.
El plan incluye, de igual manera, ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.
La ministra de Vivienda, anunció esta misma semana que el Plan Estatal de Vivienda incluirá una «cláusula antifraude» para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia. En este sentido, ha asegurado que «no se va a financiar» con dinero público «ni una sola promoción» de vivienda en la que no se garanticen «registros conforme a criterios de transparencia objetivos» y «fácilmente constatables por la ciudadanía» para evitar «escándalos» como el de Alicante con «registros privados» donde «dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO».
La ministra ha detallado que deberá existir un «registro público de demandantes de vivienda», «canales de adjudicación» y «sorteos ante notario». Se trata de una serie de «garantías» que tendrán que «comprometerse a respetar quienes quieran «optar» a parte de los 7.000 millones de euros que recoge el plan.
Asimismo, ha asegurado que la Administración supervisará que los criterios se cumplen y sostiene que se ha «armado» una serie de «dación de cuentas» imprescindible para recibir financiación pública.
