Según el entorno del presidente, el pecado de José Luis Ábalos habría sido “abrir la puerta del Ministerio a Aldama”. Un error individual, dicen. Un fallo puntual. Un caso excepcional. Pero esa coartada ya no se sostiene.
Hace tiempo que Pedro Sánchez decidió desprenderse de quien fue su hombre fuerte, su ejecutor político, su mano derecha durante los años más decisivos del Gobierno. Ahora lo presenta como alguien mal acompañado, mal asesorado y peor gestor. Lo que no explica es cómo alguien así llegó tan alto, durante tanto tiempo, con tanto poder y tan pocos controles.
Este lunes, la imagen fue demoledora. Mientras Sánchez intentaba preservar una apariencia de normalidad institucional desde Ereván, José Luis Ábalos comparecía ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Más de 4.000 kilómetros de distancia, sí, pero sobre todo una grieta política imposible de disimular.
Desde la Moncloa se activó el protocolo habitual: ministros alineados, mensajes coordinados, intentos burdos de desplazar el foco mediático. Todo inútil. La escena era demasiado potente. Un exministro, uno de los pilares del sanchismo, justificándose ante un juez, admitiendo que delegó sin supervisar, que no controló, que no preguntó. La confesión tácita de una forma de gobernar basada en la confianza ciega y la ausencia de rendición de cuentas.
Ese es el verdadero escándalo. No solo quién cobró, quién llamó o quién intermedió, sino que durante una etapa crítica del Estado —con contratos de emergencia, dinero público a raudales y controles relajados— el socialismo convirtió los ministerios en espacios opacos donde nadie asumía responsabilidades y todos miraban hacia otro lado.
En Moncloa se intenta ahora cargar todo sobre Víctor de Aldama, al que definen como un personaje sin credibilidad, un fabulador, un cantamañanas. Pero ese relato encierra una pregunta incómoda: si era todo eso, ¿por qué entró? ¿Quién le abrió la puerta? ¿Quién le normalizó? ¿Quién permitió que orbitara alrededor del poder?
La corrupción no irrumpe por sorpresa. Se instala cuando el sistema lo permite. Cuando el partido confunde lealtad con silencio. Cuando el liderazgo premia la obediencia y castiga las preguntas. Y eso es exactamente lo que muchos socialistas reconocen hoy en privado: que el problema no es un nombre propio, sino una cultura política que se ha degradado con los años.
En las federaciones territoriales del PSOE el miedo ya no se disimula. Una eventual condena de Ábalos no se ve como un hecho aislado, sino como el inicio de un ciclo de desgaste profundo, largo y corrosivo. Una etapa marcada por la asociación del partido con la corrupción, el abuso y la falta de ejemplaridad.
“Ahora todo el esfuerzo está en aguantar”, admite un dirigente autonómico. “Pero cuando caiga el Gobierno, los escándalos pasarán factura en municipales y autonómicas. Y nadie va a distinguir entre unos y otros”. Las casas del pueblo hierven de resignación. Saben que el daño no es personal, es colectivo.
Cambiar caras no servirá, reconocen. “El problema no son solo los nombres. Son las siglas. Cada episodio de comisiones, prostitución o tráfico de influencias nos resta credibilidad a todos”. Es una sentencia dura, pero extendida.
Lo más incómodo para el PSOE es que el dedo ya no apunta solo a Ábalos. Si el Gobierno le reprocha haberse rodeado mal, las bases y sectores críticos responden con una acusación más grave: Sánchez hizo exactamente lo mismo al promoverlo, sostenerlo y blindarlo durante años.
Algunos recuerdan que este patrón viene de lejos. De la etapa en la que Sánchez, políticamente aislado, reconstruyó su liderazgo apoyándose en perfiles cuya integridad nunca fue plenamente contrastada. “Necesitaba aliados y se acercaron oportunistas”, resume un veterano dirigente.
Hoy, con la judicatura avanzando y los escándalos acumulándose, el PSOE ya no solo se enfrenta a causas judiciales. Se enfrenta a algo más letal: la percepción de que la corrupción no fue un accidente, sino una consecuencia lógica de cómo ejerció el poder.
Y esa percepción, una vez arraiga, no se apaga con comunicados.
