Luzón no ha cambiado, por tanto, sus conclusiones provisionales respecto a Aldama, a quien pide una pena notablemente inferior a la que solicita para el exministro José Luis Ábalos (24 años de cárcel) y Koldo García (19 años y medio) por la atenuante simple de confesión.
Antes de elaborar esas conclusiones provisionales, el responsable de la Fiscalía Anticorrupción ya veía motivos para la circunstancia atenuante muy cualificada, pero quería esperar a ver la evolución del juicio y la declaración del empresario para introducirla en las conclusiones definitivas.
No será así. Peramato no comparte el criterio de una nueva rebaja a Aldama que habría podido dejar la petición de pena en tres años y medio de cárcel. La fiscal general no ha dado ninguna explicación sobre su posición, que en todo caso le evita incomodar al Gobierno que la nombró.
Tanto en Moncloa como en el PSOE existe un fuerte malestar con las manifestaciones de Aldama en el juicio.
El pasado 29 de abril, cuando declaró como acusado durante ocho horas, Aldama afirmó que Pedro Sánchez era «el número uno» de la trama de corrupción en la que estaba su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Aseguró también que el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente con comisiones de constructoras y con cupos de petróleo venezolano. Y manifestó que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, intervino a favor del Instituto de Empresa, que la había fichado, para quedarse con unos edificios de la SEPI en la zona de Velázquez, en Madrid.
En este contexto, doblar la rebaja de la pena para Aldama sería difícil de explicar para Peramato ante el Gobierno que la ha designado fiscal general. Luzón ha asumido la indicación de su superior al considerar que es una cuestión discutible. No obstante, defenderá en su informe oral que la colaboración de Aldama durante la investigación puede merecer la aplicación de la atenuante de confesión en un grado muy cualificado, aunque eso no se traduzca en una modificación de sus conclusiones de petición de pena.
En su escrito de acusación provisional, el fiscal jefe anticorrupción ya destacaba que Aldama ha reconocido los hechos delictivos que se le atribuyen y «ha aportado detalles» sobre su relación con Ábalos y García. Durante la instrucción ya relató «el concierto con ellos para conseguir la adjudicación de contratos o el dictado de resoluciones que satisficieran sus intereses personales, detallando la periódica entrega de importantes cantidades en efectivo junto con otras contraprestaciones puntuales».
Y destacó que no eran declaraciones autoexculpatorias «puesto que de Aldama viene a admitir de manera inequívoca su participación en un acuerdo con los otros dos acusados que le permitía defender sus intereses de manera privilegiada ante la Administración Pública, así como el pago de cantidades que implican la asunción de su propia responsabilidad criminal en delitos graves».
